SE PREGUNTABA AYER el presidente canario, Adán Martín, cuántas víctimas más harán falta para que el Estado español y Europa se den cuenta de que el de la inmigración ilegal es un problema que afecta a todos. Se hacía la pregunta en el transcurso del Pleno convocado por el Parlamento canario para debatir esta cuestión y al calor de las estadísticas. Un total de 22.000 personas han intentado alcanzar las costas canarias este año. Seis mil lo han conseguido sólo en agosto, más que todos los que lo lograron el año pasado. Los equipos de rescate han podido certificar que algo más de medio millar han muerto en el intento. Nunca se sabrá nada de los que han desaparecido en la mar sin dejar rastro.

A TENOR DE LO visto ayer en el Pleno antes citado, los partidos coinciden en el diagnóstico del problema. Obedece al grado de desesperación alcanzado en los países africanos, aseguran. Pero donde no hay acuerdo es a la hora de establecer un tratamiento adecuado. Ahí prevalece la política, o mejor, el politiqueo, y los partidos prefieren encontrar antes las diferencias que las soluciones, lo que significa culpar al contrario y arrogarse la paternidad de una solución que sólo vendrá tras alcanzar el poder. Ocurrió ayer a la reducida escala del Parlamento canario, lo que se viene repitiendo a diario entre el Gobierno de Madrid y el principal partido de la oposición. Cruces de reproches y acusaciones mutuas que les llevan a no alcanzar un acuerdo ni siquiera a la hora de pedir la tan necesaria colaboración de la UE. Salidas como la que recientemente tuvo la vicepresidenta De la Vega anunciando que el Gobierno no tolerará más inmigrantes (¿cómo lo hará?), dan una sensación de improvisación y de toma de decisiones a salto de mata, que no auguran una resolución del problema a corto plazo. Probablemente porque es un problema que sólo se puede resolver después de un trabajo de años al ser de carácter estructural. De ahí que no sea lo trascendente quién esté en el poder, sino el alcanzar acuerdos que permitan trabajar en la dirección adecuada y contando con todos los medios posibles tanto en los países receptores como en los de origen. Lo otro, el utilizar la inmigración como reclamo político, es de una bajeza moral intolerable.