EL MINISTERIO de Trabajo y Asuntos Sociales llegó ayer a un acuerdo con seis Organizaciones No Gubernamentales (ONG), encargadas del programa de atención humanitaria de inmigrantes, para establecer una «estructura estable y permanente» de acogida e integración para los ilegales que llegan a la Península desde Canarias. Las últimas oleadas migratorias han provocado que los centros canarios de internamiento no den abasto ante la cantidad ingente de personas que han llegado hasta las islas. En lo que va de año más de 22.000 inmigrantes han arribado en cayucos al archipiélago, aunque el 70% (15.500) ya han sido trasladados hasta la Península.

Tras la reunión mantenida ayer con las organizaciones Accem, Cear, Cepain, Colectivo La Calle, Cruz Roja y Mpln, el titular de Asuntos Sociales, Jesús Caldera acordó duplicar el número de plazas existentes para la acogida de inmigrantes, que en la actualidad son cerca de mil, y financiar «con el dinero que necesiten» el gasto que esto suponga para las ONG. Dichas instituciones humanitarias se han hecho cargo ya del 83% de los inmigrantes trasladados hasta la Península mientras que el resto fueron recogidos en los centros oficiales de las comunidades autónomas. Según las ONG, si los cálculos se confirman se duplicarán igualmente los 6,5 millones de euros que presupuestó el Gobierno español de manera extraordinaria para responder a esta crisis humanitaria. De esta cuantía, 1,5 millones de euros estaban destinados a la atención al inmigrante a pie de playa.

Del mismo modo, durante el encuentro las ONG trasladaron al ministro de Justicia y Asuntos Sociales la necesidad de aumentar su presencia en el África subsahariana y consiguieron un compromiso por parte de la Administración para impulsar sus trabajo en los países de origen de la inmigración ilegal. El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Ignacio Díaz, incidió en la idea de que la labor de acogida «se amplíe con la inserción laboral» y reclamó que cuando se agoten las posibilidades de repatriación de un inmigrante se pueda estudiar de forma individual las fórmulas posibles que permitan la integración legal.

Por su parte, el ministro de Justicia y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, agradeció su labor a los responsables de estas organizaciones «por la tarea humanitaria y solidaria que están desarrollando».