En los últimos años hemos visto cómo dirigentes políticos, especialmente de Vox, han normalizado discursos que vinculan a las personas migrantes con la delincuencia, la … inseguridad o una supuesta «invasión». No son opiniones legítimas amparadas por la libertad de expresión, son mensajes que estigmatizan, deshumanizan y alimentan el odio. La libertad de expresión goza de una amplia protección en democracia. Pero esa protección no puede extenderse a discursos que lesionan la dignidad de colectivos vulnerables o promueven hostilidad social. El artículo 510 del Código Penal lo prohíbe, y la jurisprudencia europea lo ha ratificado. Diversas ONG, como SOS Racismo o el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, han alertado del aumento de agresiones tras este tipo de mensajes. No podemos permitir que se usen las tribunas públicas para propagar ideas que ponen en peligro la convivencia. La crítica política es legítima. La incitación al odio no lo es.