El municipio murciano de Torre Pacheco acapara la atención del país después de varias noches de disturbios entre grupos de vecinos reforzados con ultras xenófobos y los inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, que residen y trabajan en la población y sus terrenos agrícolas, en algunos casos nacidos en España y que representan un 30% de la población de esa localidad. El origen de los enfrentamientos está en la agresión sufrida la semana pasada por un sexagenario a manos, presuntamente, de un grupo de jóvenes magrebíes. La investigación está en curso y sería aconsejable esclarecer los hechos con celeridad; de hecho, los tres supuestos agresores ya han sido detenidos. De confirmarse los indicios, resulta redundante recordar que el peso de la ley debe recaer sobre los agresores, especialmente abyectos por atacar en grupo a una persona mayor. Vivimos, sin embargo, tiempos sociales convulsos, no solo en España, sino en Occidente, en los que no está de más recordar principios elementales en las sociedades democráticas. No tomarse la justicia por su mano es uno de ellos.

El estallido resulta inquietante por su potencial efecto de contagio. Torre Pacheco tiene una población de 41.864 habitantes, un tercio originarios del Magreb. El número de desempleados en el primer trimestre del 2025 ascendió a 1.488 personas, según el Centro Regional de Estadística de la región de Murcia. A partir de una agresión especialmente indignante –en fase de investigación–, grupos de ciudadanos se han dedicado a acosar, hostigar y atacar al colectivo al que presuntamente pertenecían los agresores. Antes de dar un margen a la investigación y a la justicia, vídeos y mensajes de padre y madre desconocidos –algunos de ellos sacados de otras situaciones– han circulado a la velocidad del rayo, a modo de gasolina sobre un fuego incipiente. Como sucede en estos casos, una indig­nación legítima y amplia es canalizada por las redes y los interesados en amplificar los hechos para que el sesgo refuerce sus intereses y agendas ocultos. El tan antiguo “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

El despliegue policial es imperioso. Lo último que puede permitirse la Administración es que transmita desbordamiento y paso rezagado. La prioridad ahora es impedir que grupos de vecinos –con indicios de infiltrados– traten de enfrentarse y dar caza por las calles y barrios de Torre Pacheco a cuanto convecino pertenezca a la comunidad magrebí. Sin que esto puede ser entendido como un enfoque buenista: de confirmarse los hechos, los agresores merecen ser llevados ante los tribunales sin atenuantes por razones de nacionalidad o de otro tipo. Todos somos iguales ante la ley. Un principio que nadie debería olvidar.

Tiempo habrá –no hablamos de años, solo de meses– para tratar de corregir las dinámicas que se dan en municipios de estas características con un porcentaje de inmigración considerable, probablemente a la altura de las demandas laborales. No hace falta recordar que cada vez hay más trabajos definibles como duros –e imprescindibles– que solo son cubiertos gracias a los inmigrantes. Resulta utópico y mezquino pretender que una vez cumplida su jornada se esfumen. Lo cual no quita prestar especial atención al colectivo de hijos de inmigrantes que, aun habiendo nacido en España, no terminan de ser aceptados por rechazos invisibles que dificultan el arraigo.

El riesgo latente de un efecto contagio, estimulado por los aspectos negativos del estío, existe. Es intolerable que los partidos o movimientos políticos traten de sacar rédito del estallido de Torre Pacheco, que exige algo últimamente poco habitual en el panorama político: altura de miras. Los ciudadanos están hartos, muy hartos, de espectáculos gallináceos en los que no prima el afán de solucionar los problemas, sino el reflejo cortoplacista de obtener ventaja al coste que sea. El imperativo moral obliga a todos los partidos a la contención y el entendimiento porque nadie está a resguardo de estallidos estilo Torre Pacheco, un polvorín. De no ser así y de repetirse el tú más la desafección hacia el sistema crecerá, y acaso este sea uno de los objetivos que persiguen quienes atizan el fuego desde las redes y los bulos. O se impone el sentido de Estado entre los grandes partidos o avanzamos hacia la erosión del sistema democrático, en beneficio de todos los caballos de Troya que guardan cola a las puertas. Cuando los ciudadanos se atreven a tomarse la justicia por su mano, algo huele a podrido y no en Dinamarca, sino aquí.