Una red de acogida sobresaturada, macrocentros donde no se puede garantizar el interés superior del menor, falta de formación entre los trabajadores que se encargan de la atención de los menores migrantes que han llegado sin la compañía de un adulto responsables a las islas y agresiones a estos niños y niñas, entre otras cuestiones, son algunas de las conclusiones del informe ‘A día de hoy no tengo nada’, sobre la situación de los chicos y chicas que arriban al archipiélago, de Amnistía Internacional, y que fue presentado por representantes de esta organización en comisión parlamentaria este viernes.

Como trasladó la responsable de la investigación, Virginia Álvarez, el «grave fallo» de esta gestión se debe a la falta de una responsabilidad compartida entre el Gobierno central y el resto de las comunidades autónomas. El estudio se publicó en marzo de este año, cuando aún no se había modificado la ley de extranjería para garantizar la distribución de los chicos y chicas entre las regiones.
Para Amnistía Internacional es imprescindible que exista «voluntad política» para dar respuesta a los más de 5.000 menores migrantes que tutela en estos momentos el Gobierno canario. Además, la entidad remarca que es necesario mejorar la coordinación entre las administraciones que intervienen en la atención de los menores para poder velar por sus derechos. La experta en migraciones puso sobre la mesa una clave: que existan protocolos comunes. Se ha observado que en las dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, funcionan de manera distinta. Por tanto, opinó que, si se revisara la manera de actuar «podrían mejorar las cosas», ya que la descoordinación ha traído «graves consecuencias».

La organización apunta que la acogida en los macrocentros, dispositivos de emergencia que nacieron «en 2021» ante el incremento en el número de llegadas de personas, no puede garantizar que se realicen «programas educativos individualizados o que se detecten ciertas vulnerabilidades» entre los jóvenes que allí residen. Cabe recordar que muchos de estos niños y niñas proceden de países en guerra, como es el caso de Mali o Sudán, y otros huyen de situaciones de violencia o esclavitud, según remarcó Álvarez.

Una vez superan una travesía dolorosa, algunos niños y niñas se enfrentan a otra cruda realidad. Amnistía Internacional ha documentado diversas denuncias de violencia contra los chicos por parte de los trabajadores de los centros en los que residen. Esto es consecuencia de la falta de una formación cualificada entre el personal, así como de la «deficiente inspección y mecanismos por parte de las autoridades competentes». La organización alega que se deben garantizar recursos adecuados para que los chicos y chicas puedan «remitir sus quejas de manera confidencial», ya que muchas veces tienen temor a sufrir represalias.

Desde la organización remarcan la necesidad de que haya una «evaluación individualizada atendiendo a la edad» de estos chicos para que se puedan identificar todos los aspectos de vulnerabilidad «relativos a su salud», así como a la necesidad de protección internacional (un 50%de los menores que llegan a las islas la necesitan, según datos de Acnur).

Tras la investigación, se ha detectado que no se está garantizando la «debida diligencia» en la identificación de los niños y niñas, y alertan de la resistencia de la Policía en contar con personal experto «que permita identificar a los menores de una manera más rápida». Una mejora en el sistema evitaría que se den situaciones como que menores acaben en centros para adultos, y viceversa.