Mientras Vox intensifica su discurso de odio contra la población migrante y plantea una deportación masiva sin respaldo legal ni constitucional, los datos muestran las consecuencias económicas devastadoras que tendría para España la puesta en marcha de una medida como esa

Pese a las repercusiones que podría acarrear para la economía española y el sector empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha decidido no posicionarse sobre el planteamiento ultra, tras ser consultada por Público.

Una portavoz de la patronal respondió a preguntas de este periódico que no pueden valorar “cada planteamiento inicial” que realiza un partido, aunque indicó que la “CEOE apuesta siempre por flujos migratorios seguros, ordenados y regulares en aras de fortalecer nuestro mercado laboral”.

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Mientras tanto, el aporte de los migrantes a la economía sigue creciendo. Un informe del Banco de España, publicado la semana pasada, estima que la población extranjera fue responsable del 25% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024. Su expulsión supondría una caída abrupta de la producción, una reducción drástica de la población activa y un golpe directo al sistema de pensiones, que ya depende del aporte laboral de millones de migrantes en un país marcado por el envejecimiento demográfico.

Aportación de los migrantes en la economía
A finales de 2024, el colectivo con nacionalidad extranjera alcanzaba los 6,7 millones de personas (el 13,8% de la población total), mientras que el de nacidos en el extranjero muchos ya nacionalizados rozaba los nueve millones (el 18,4%), según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)

Entre el primer trimestre de 2022 y el tercero de 2024, el 40% del empleo creado en España fue ocupado por personas extranjeras, según la Seguridad Social. Su peso fue aún mayor en sectores como la hostelería, el comercio o la construcción, donde representaron entre el 45% y el 60% de los nuevos empleos, y en la agricultura, donde llegaron al 80%. Siendo trabajos que, en muchos casos, implican condiciones más duras, salarios bajos o alta temporalidad.

En total, el 13,4% de los afiliados a la Seguridad Social en 2024 eran extranjeros, dos puntos más que en 2022. La EPA señala, además, que los migrantes han sido responsables del 57% del aumento de la población activa, es decir, del refuerzo de la mano de obra disponible.

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A pesar de su alta presencia en el mercado laboral, el informe del Banco de España subraya que “la evidencia empírica disponible para España sugiere que la inmigración no tiene efectos negativos significativos sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios del conjunto de los trabajadores nativos”. Por el contrario, ha sido una fuerza complementaria y estabilizadora en un contexto de envejecimiento y escasez de mano de obra.

Sostenibilidad de las pensiones
De esta forma, el vínculo entre migración y sostenibilidad del sistema público de pensiones es cada vez más evidente. Según el Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, la migración será la única fuente de crecimiento demográfico en España en las próximas décadas.

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Sin nuevos cotizantes, será muy difícil pagar las pensiones de los millones de personas que se jubilarán en las próximas décadas, sobre todo los nacidos en el baby boom. España es, además, uno de los países europeos donde el gasto en pensiones depende más de cuántos migrantes llegan y de su productividad, según indica un informe de BBVA Research. Si no hay suficientes ingresos por cotizaciones, el sistema necesitará más dinero público para cubrir el gasto. De hecho, en 2023 ya faltaban unos cuatro puntos del PIB para financiar las pensiones, apunta el documento. Según las previsiones, el gasto seguirá creciendo hasta 2050 y la migración será esencial para evitar un colapso, señalan los investigadores del estudio.

En países como el nuestro, “que tienen una natalidad tan baja, en ausencia de este fenómeno migratorio tendríamos un problema muy agudo de envejecimiento de la población”, destacaba hace unos días José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, en la conferencia El papel de la política migratoria e industrial ante los retos de la economía española.

También hay que tener en cuenta que los migrantes no solo trabajan, sino que consumen, compran y alquilan viviendas y pagan impuestos. Por lo tanto, su salida masiva como propone Vox supondría una reducción drástica del consumo nacional y de la recaudación pública.

Empresarios alemanes se posicionaron firmemente
Mientras que la patronal española no se posiciona, en Alemania, las grandes empresas decidieron actuar ante un contexto político similar. Antes de las últimas elecciones en Alemania, a la vista del programa del partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) que también defiende la “remigración”, más de 30 compañías entre ellas Siemens, BMW, Deutsche Bank, Bayer o Volkswagen se unieron para reivindicar públicamente el papel económico de la migración y frenar el ascenso de la ultraderecha.

“Los extremistas y racistas están dividiendo a nuestra sociedad, dividiendo a nuestro país y poniendo en peligro nuestra prosperidad. Queremos más diversidad, más apertura y más tolerancia para una sociedad en la que merezca la pena vivir y haya prosperidad”, declaró Roland Busch, consejero delegado de Siemens, quien recordó que Alemania necesita migrantes para hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada.

En contraste, en España, ni el gran empresariado ni la CEOE han mostrado una postura clara frente al discurso ultra. Pero los datos dejan poco espacio para la ambigüedad: sin migración, no hay crecimiento económico.