Grecia aprobó este jueves la suspensión durante noventa días de la tramitación de solicitudes de asilo de personas que hayan llegado al país desde el norte de África, tras un aumento drástico de las llegadas a la isla de Creta en la última semana. La decisión es un primer paso de una serie de medidas para “desincentivar” la immigración, anunció el ministro de migración, Thanos Plevris, que plantea reducir los servicios estatales dedicados a la atención de los inmigrantes y refugiados, así como introducir penas de prisión en algunos casos.

La decisión de suspender las solicitudes de asilo “inicialmente durante tres meses” fue anunciada el miércoles por el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y ratificada por el Parlamento el jueves. A partir de ahora, los inmigrantes que lleguen a Grecia por mar desde el norte de África serán devueltos “en caliente”, es decir, serán deportados sin ningún tipo de trámite ni registro de sus condiciones, independientemente de su nacionalidad, sexo o edad. Mitsotakis señaló que el endurecimiento de las políticas de asilo son “una respuesta de emergencia a una situación de emergencia”.

“Cualquier inmigrante que entre en el país ilegalmente será arrestado y detenido”, declaró en el hemiciclo. La medida fue aprobada ante el rápido aumento de llegadas de embarcaciones procedentes de Libia a la isla griega de Creta, “una imagen que se repite desde hace meses”, señaló la policía griega a medios, aunque la situación “ha alcanzado un nuevo pico”.
Desde el pasado domingo se han registrado cerca de 500 llegadas diarias, en su mayoría de jóvenes migrantes de nacionalidad somalí, sudanesa, egipcia y marroquí. La isla se ha visto sobrepasada por las llegadas al no disponer de infraestructuras suficientes para atender a todos los solicitantes de asilo. Según datos de Acnur, la agencia de refugiados de la ONU, entre el 1 de enero y el 22 de junio se registraron más de 7.000 llegadas a la isla, más del triple que en el mismo período del año pasado y superando el total de llegadas de todo 2024.

Mientras la reforma era votada en el Parlamento, las autoridades griegas trasladaron a 700 inmigrantes desde Creta a dos centros de detención cerca de la capital, debido al colapso de las infraestructuras de la isla por el aumento de llegadas. Los inmigrantes reasentados llegaron a la isla el lunes tras ser interceptados en alta mar por un buque con bandera de Bahamas cerca de una pequeño islote al sur de Creta.

Mitsotakis recalcó que su gobierno ha informado a la Comisión Europea de la decisión y que la reforma legal supone un “mensaje” para desincentivar a los inmigrantes para que tomen esta ruta marítima desde el norte de África principalmente Libia hasta el país heleno. “Esto es un mensaje de determinación: el paso a Grecia se está cerrando. Les estamos transmitiendo a todos los traficantes y a los clientes potenciales que el dinero que gastan lo van a desperdiciar”, aseguró.
La reforma legal ha sido criticada por grupos de derechos humanos, por “violar la ley internacional” del derecho al asilo y al refugio, denunció Amnistía Internacional. “Buscar refugio es un derecho humano, prevenir que la gente lo pueda pedir es ilegal e inhumano”, declaró el Comité Internacional de Rescate (IRC). En los últimos meses otros países de la Unión Europea han adoptado medidas temporales similares, que han sido tumbadas posteriormente por tribunales por ser ilegales. El año pasado un tribunal de Berlín declaró que la decisión del gobierno alemán de rechazar en caliente a los solicitantes de asilo en las fronteras del país era ilegal.

“Estas medidas son una clara declaración del gobierno griego y, por extensión, de Europa, de que ya no podemos aceptar flujos migratorios procedentes del norte de África”, declaró el secretario general del ministerio de Migración, Manos Logothetis. Por su parte, el ministro de migración Plevris anunció que el gobierno se plantea una “reevaluación” de los beneficios estatales que reciben los solicitantes de asilo, incluyendo las comidas que reciben en los centros de recepción y detención. También podrían tipificar como “delito” con penas de hasta cinco años de prisión permanecer en el país tras el rechazo de la solicitud de asilo. “Hay una diferencia entre estar detenido y estar libre bajo el estatus de protección. Ahora los detendremos”, declaró Plevris.

La medida fue adoptada en medio de la polémica entre la Unión Europea y Libia, país de origen de la ruta marítima que toman la mayoría de inmigrantes que llegan a Grecia por mar. El martes el gobierno del este de Libia país dividido desde 2014 declaró personas non gratas al comisario europeo de interior y migración, Magnus Brunner y a los ministros de migración de Grecia, Italia y Malta, tras un desacuerdo sobre el formato de las conversaciones previstas para frenar los cruces fronterizos. Bruner y los tres ministros sí se reunieron en Trípoli con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) reconocido internacionalmente pero fueron rechazados luego por la autoridad de Bengasi, pese a que ésta controla zonas desde donde parten la mayoría de embarcaciones con destino a Creta.

Pese al desacuerdo protocolario, Mitsotakis aseguró que espera poder alcanzar un acuerdo con las autoridades tanto de Trípoli como con la autoridad de Bengasi, aunque no se pronunció sobre si el aumento de llegadas a Creta tienen relación con la reciente trifulca diplomática. Más severo, el ministro de migración Plevris lanzó una advertencia contra Bengasi: “Si no hay cooperación del otro lado, intensificaremos nuestra respuesta”.