El Gobierno cántabro, del Partido Popular, ha rechazado la propuesta del Gobierno central para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, así como los fondos previstos para su atención. La decisión fue comunicada por Carmen Arce, directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), tras su participación este martes en la Comisión Sectorial de Infancia.

Arce criticó así la iniciativa estatal por “falta de planificación y claridad”, afirmando que el Gobierno regional “no sabe” cómo se ha calculado la cifra de 156 menores que se propone derivar a Cantabria. Sin embargo, no ofreció alternativas ni planteamientos propios para hacer frente a una realidad que afecta a miles de menores que llegan solos a España.

Cantabria se suma así a otras comunidades gobernadas por el PP que han mostrado su oposición a participar en una estrategia nacional de protección a menores migrantes.

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FINANCIACIÓN

Además, la directora del ICASS calificó de “insuficiente” la financiación prevista para la comunidad, asegurando que el coste real sería de 7 millones de euros anuales frente a los 2 millones propuestos por el Estado. No obstante, evitó mencionar que Cantabria ha recibido fondos del Estado para infancia y servicios sociales en ejercicios anteriores sin mayores objeciones.

Arce fue más allá y afirmó que la propuesta “pone en riesgo” el sistema de servicios sociales cántabro, al tiempo que defendió el modelo regional como ejemplar. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la negativa del PP a formar parte de una solución conjunta para atender a menores en situación de extrema vulnerabilidad.

Con esta postura, el Gobierno de Cantabria se alinea con un discurso cada vez más extendido entre gobiernos autonómicos del PP que rechazan medidas de acogida.