Gobierno y comunidades siguen enrocadas en el reparto de los cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran bajo tutela de Canarias, Ceuta y Melilla. Ese es el resumen de la nueva reunión que este martes presidió el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y a la que acudieron los directores generales o técnicos de cada territorio para discutir el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial del 17 de julio.

Por Galicia, asistió el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, que trasladó el «enfado e desconformidade» de la Xunta por el «reparto inxusto e arbitrario de menores migrantes que quere impoñer o Goberno central», como venía avisando la conselleira de Política Social, Fabiola García. En la comunidad gallega, esto supondría la acogida de 317 niños y adolescentes.

El Ministerio de Juventud e Infancia habría confirmado en el encuentro que los costes de la acogida correrán a cargo de las comunidades, ya que solamente tiene previsto financiar con un fondo de 100 millones de euros los tres primeros meses para la llegada de estos menores. Una estancia que podría extenderse entre ocho y diez años, según señalan fuentes de la Consellería de Política Social. Galicia, en este caso, recibiría unos cuatro millones de euros. «Tal e como advertiu a Xunta, a nosa comunidade non recibirá fondos para garantir a atención e benestar destes nenos e adolescentes», afirmó Jacobo Rey.

Esto no compensaría económicamente la sobreocupación de algunos territorios, como el de Galicia, que desde la Consellería de Política Social vienen recordando que su sistema de protección está al 108 %. «Non está en condicións de facer fronte a máis acollementos», insistió el director xeral de Familia, que aseguró que no van a aceptar esta «imposición». Recordó que la comunidad ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, junto con otras nueve gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, por el PSOE. Lo justifican en que el Gobierno «está a invadir competencias autonómicas con este reparto obrigatorio», ya que la protección de los menores es exclusiva de las comunidades.

Las comunidades del PP (y Castilla-La Mancha, PSOE) echaron abajo el orden del día de la Conferencia Sectorial, cuyos puntos principales giraban en torno a la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades (fijado en 32 menores por cada 100.000 habitantes, según la última información aportada por el ministerio) y al reparto de fondos para la asistencia de las personas menores de edad que van a ser trasladadas.

Un menor siendo atendido por la Cruz Roja en una imagen de archivo
El Gobierno propone que Galicia acoja a 317 menores migrantes más de Canarias
S. Pérez

Tras la aplicación de los criterios del real decreto ley aprobado por el Gobierno en marzo, como la población o la renta per cápita, el Gobierno estima que serán trasladados un máximo de 3.975 menores extranjeros no acompañados que actualmente se encuentran bajo la tutela de Canarias, Ceuta y Melilla.

A esta cifra, previsiblemente habrá que restar los alrededor de 850 chicos que finalmente serán acogidos por la red estatal de protección internacional al ser solicitantes de asilo, de acuerdo a la orden emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

Según el plan de distribución del Gobierno, que todavía no tiene en cuenta esta resta, las comunidades que más jóvenes acogerían serían Andalucía y Madrid, con más de seiscientos, mientras que el País Vasco y Cataluña no forman parte del reparto. Esta última se abriría a acoger voluntariamente a, como mínimo, 31 niños.

«A distribución anunciada polo ministerio non responde a ningún tipo de coordinación nin planificación, senón que se trata dun reparto exclusivamente pactado cos socios do Executivo de Pedro Sánchez», afirma el director xeral de Familia. La prueba de esto sería, según dijo, es que «mentres que Galicia se vería obrigada a acoller 317 menores, Cataluña e País Vasco non recibirían ningún».

El Tribunal Constitucional estudiará los recursos de otras seis comunidades contra el reparto de menores migrantes
El Tribunal Constitucional estudiará los recursos presentados por Galicia, Comunidad Valenciana, islas Baleares, Castilla y León, Castilla La-Mancha y Andalucía contra el real decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo para el reparto de menores migrantes no acompañados.

La corte de garantías informó en un comunicado sobre estos recursos, que se suman a los de la Comunidad de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura, también admitidos a trámite, contra el mecanismo creado por el Gobierno para trasladar unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios. Murcia también anunció un recurso contra esta norma, por lo que ya son 11 las comunidades que impugnaron este real decreto ley.

Los seis últimos demandantes alegan en sus recursos que la norma podría vulnerar, entre otros, los artículos 81 y 86 de la Constitución y ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias e infringir el principio de autonomía financiera de las comunidades.