Marruecos, pese a cobrar una millonada de la UE, sigue contribuyendo a mantener activo el fenómeno de la inmigración irregular que llega hasta Europa a través de las aguas del Estrecho de Gibraltar, esa lengua de mar que separa África del viejo continente. Una reciente investigación de la Policía Nacional, dirigida desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras (Cádiz), ha revelado la existencia allí de un foco de corrupción. En el norte del país vecino aún permanecen mafias que pagan a los militares y a los gendarmes a cambio de que les permitan pasar por mar a ciudadanos marroquíes y argelinos hasta territorio español.

Una organización de traficantes detectada por la investigación cobra entre 5.000 y 6.000 euros por cada «pieza» (persona) que logra introducir en la península, previo paso por la ciudad autónoma de Ceuta. La investigación de la Policía española advierte que, en caso de ser detectados, los «pasadores» (traficantes) marroquíes pagan mordidas a los militares de su país para que les permitan seguir en libertad y poder continuar con su lucrativo negocio de tráfico de personas. Crónica tiene acceso a documentación judicial en la que se constatan estos hechos, en base a las conversaciones telefónicas intervenidas a varios implicados en la trama.

Uno de los investigados, llamado Fuad, fue quien habló más claro mientras la Policía Nacional le escuchaba:

—[Fuad] A mi hermano le ha detenido la Policía de Marruecos con un traficado. Llamó a un policía que conoce para que le soborne y soltarle. Fue a hablar con él en su despacho. La Policía española contactaron (sic) con ellos para informarles de mi hermano. Ellos le perseguían desde el Facebook, el Instagram, todo. Luego cambió el móvil.

—¿La policía de Marruecos le pilló en el agua?

—[Fuad] Sí. Y aun así le soltaron, está bien. El dinero, el dinero… Ha pagado mucho dinero. ¿Te crees que fue gratis? Nada es gratis. Es con el dinero. Estaba solo con una pieza.

—Sí, pero menos mal que le pillaron los marroquíes y no los españoles.

—[Fuad] Sí.

Esta realidad choca de frente con el objetivo que pretenden los acuerdos alcanzados por la UE con Marruecos en distintas materias, desde la agricultura a la reforma de la administración pública, aunque la principal sea la de la contención de la inmigración —y, más en concreto, la subsahariana—. El país está recibiendo más dinero que nunca para frenar el éxodo migratorio a bordo de pateras y otras embarcaciones desde la costa marroquí, al tratarse del territorio norteafricano más próximo a uno de los Estados miembro de la UE, en este caso, España.

En agosto de 2022, Bruselas comprometió 500 millones de euros con destino a Rabat para el período 2021-27. Era un 32% más de los 343 millones de euros del anterior acuerdo marco. Ese dinero se supone que se está distribuyendo en diferentes partidas, que cubren desde proyectos de integración y protección de los refugiados que viven en Marruecos, hasta retornos forzosos, cooperación policial y lucha contra las mafias. En este último caso, la colaboración marroquí parece que no tiene traslado sobre el terreno. O que su trabajo no ha conseguido taponar el coladero del Estrecho.

En uno de sus informes remitidos al juzgado instructor, la Policía Nacional hace referencia al cabecilla de una de esas mafias de la inmigración clandestina. Se llama Abdelhafid Y. Sobre él dicen que se dedica a «reunir grupos de unas siete personas de origen argelino y marroquí en Castillejos (Marruecos), lugar del cual parten hasta Ceuta. Una vez reunidos, les cobra entre 5.000 y 6.000 euros y les guía hasta Ceuta (por mar) aprovechando sus conocimientos y habilidades en natación y pesca submarina».

Los investigadores españoles también explican cómo se produjo esa detención por parte de la marina marroquí y su posterior puesta en libertad gracias a la corrupción que existe en su país de origen. Ocurrió a mediados de noviembre de 2024. Abdelhafid Y. se encontraba «guiando a un grupo de siete personas, siento detenidos y entregados por los militares marroquíes en costas del país vecino, pudiendo sustraerse de la acción de la justicia ya que se conocía su condición de pasador y sobornando a los militares para no ser entregado a la gendarmería».

Aquella vez no le salió bien. Pero en las ocasiones en que sí logra cruzar, el traficante Abdelhafid Y. permanece en Ceuta «a la espera de que una tercera persona le traiga su documentación desde Castillejos». Así puede cruzar legalmente de nuevo la frontera de la ciudad autónoma en dirección a su país natal

EL RELATO DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS
El germen de la investigación de la Policía Nacional se encuentra en el testimonio inicial aportado por dos inmigrantes que consiguieron llegar a la península pagando a una mafia. A ellos su sumaron dos más. Todos pasaron a ser testigos protegidos en la causa judicial que se instruye en el juzgado algecireño.

Se trataba, le explicaron los investigadores al juez, de «una red criminal, compuesta por varios individuos y dedicada al tráfico de migrantes desde Ceuta hacia las costas de Algeciras a través del Estrecho de Gibraltar empleando para ello embarcaciones de recreo que, en algunas ocasiones, han sido sustraídas ex profeso de puertos deportivos del sur de nuestro litoral peninsular». La trama tendría tres ramas: una, en Marruecos; otra, en Ceuta, y una tercera, en la península.

Uno de esos inmigrantes contó que entró clandestinamente desde Marruecos a Ceuta. Lo hizo a nado, junto con otros dos chicos y a bordo de un barco pesquero que partió desde Rincón (Marruecos), ciudad situada a 25 kilómetros al sur de Ceuta. Cada polizón tuvo que pagar cuatro mil euros a la tripulación de la embarcación. Una vez llegaron a las proximidades de la costa ceutí, se lanzaron al agua y nadaron hasta la orilla.

Este testigo protegido añadió que, cuando llegaron a Ceuta, el 17 de septiembre de 2024, contactó con un varón que les recogió y les trasladó hasta un domicilio en el barrio de El Recinto, en la ciudad autónoma. Era un piso refugio del que no podían salir hasta que llegara el momento de dar el salto por mar hasta el sur de la península.

Si aquellos inmigrantes querían alcanzar suelo continental europeo, debían pagar 4.000 euros a la rama de la mafia asentada en Ceuta. Por teléfono, un miembro de la trama les dijo que su partida sería al día siguiente, de madrugada, y que debían alcanzar una zona «de bloques de piedra» ubicada en el puerto de la ciudad.

La operación se precipitó a las 05.33 horas del 18 de septiembre de 2025. A las siete de la mañana llegó a la zona acordada una embarcación de recreo de unos cinco metros de eslora, de color blanco, con un solo motor. Partió una hora después. A bordo iban «19 traficados», señala la Policía en sus informes.
El piloto del barco, según el testimonio de aquel inmigrante que empezó a colaborar con la causa, les pidió con insistencia que permanecieran agachados, que no sacasen los teléfonos móviles y que, si los llegaban a interceptar, debían decir que se habían turnado para pilotar el barco. Su objetivo era evitar que lo detuvieran a él por tráfico de personas.

El trayecto duró una hora, aproximadamente, hasta que la embarcación fue interceptada por la Guardia Civil. Durante la travesía, el chico temió por su vida. Contó que el agua entraba por la cabina del barco a causa del exceso de tripulantes a bordo. También pensó en la muerte como una posibilidad muy cercana porque no les dieron chalecos salvavidas. En cuanto al pago de esos 4.000 euros, aquel inmigrante irregular contó que, al llegar a la península, debía enviar a su hermano un vídeo como prueba de vida, y que luego él mandaría el dinero a través de «la empresa Wafa Cash», una compañía de envío de divisas internacional.

Otro de los testigos protegidos narró que accedió a nado a Ceuta en mayo de 2024. «Tiempo después fue captado por un varón de origen ceutí, de unos 35 años», dice la Policía. Ese hombre le pidió 4.000 euros para llegar a la península y otro 500 euros más si necesitaba un alojamiento temporal al llegar a Algeciras. Un familiar del inmigrante abonó ese dinero. Fue entonces cuando, según el relato del joven, un miembro de la mafia le trasladó hasta un piso de seguridad ubicado entre el barrio del Príncipe y el cementerio musulmán de Ceuta. Allí lo encerraron junto a otros siete inmigrantes. El traficante con el que contactó tras llegar a la ciudad autónoma les visitaba cada pocas horas.

Finalmente, se subió en el mismo barco que el anterior testigo protegido. Este último dio detalles muy esclarecedores. Explicó que cuando el piloto vio llegar la barcaza de la Guardia Civil, de inmediato se quitó la gorra, se entremezcló con el resto de tripulación y lanzó a las aguas del Estrecho el GPS que fue utilizado para guiarse durante la travesía.

Durante su investigación, la Policía Nacional detectó seis «episodios migratorios» irregulares. El último de ellos se produjo a finales de enero de 2025. Los investigadores advierten en sus diligencias que algunos inmigrantes pagaron hasta 14.600 euros por todo el «pack», que incluía el cruce a Ceuta por mar desde Marruecos, la estancia en un piso franco de la ciudad autónoma y el posterior cruce a la península, donde también habrían gozado de un alojamiento temporal.

Según la documentación de la causa, la mafia desarticulada habría usado algunos pases de inmigrantes para traficar con fardos de hachís. Las primeras estimaciones apuntan a que los implicados habrían obtenido un beneficio de más de dos millones y medio de euros mediante la entrada clandestina de al menos 200 inmigrantes, en su mayoría de procedencia marroquí.

10.457 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas (una media de casi 30 al día, un 58% más respecto al año anterior), según el último balance del colectivo Caminando Fronteras. 110 de ellas se produjeron en la conocida como ruta del Estrecho.

El informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), señala que el año pasado se produjeron 536 llegadas de inmigrantes irregulares a la provincia de Cádiz, un 58% menos que en 2023, cuando llegaron 1.287 personas por esa vía.