“¿Por qué censuran a los periodistas que hacen preguntas incómodas?”, ha cuestionado el diputado de Vox José María Figaredo desde la tribuna del Congreso. Lo ha hecho durante la intervención en que ha defendido su enmienda a la totalidad para torpedear la reforma del Reglamento de la Cámara con la que el Gobierno y sus aliados buscan poner coto a la actividad de los agitadores ultras en el propio Congreso. También el Partido Popular ha presentado y defendido su propia enmienda.

Ninguna de las dos ha prosperado, pero eso no ha impedido a ambas formaciones pronunciar discursos que van en la línea opuesta a las reivindicaciones que viene realizando desde hace meses la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que cuenta con periodistas de ideologías muy distintas. La APP pide una reforma como la que se va a culminar el próximo 22 de julio —según fuentes parlamentarias—, pero PP y Vox se han inclinado por esgrimir el argumento de la libertad de prensa para arremeter contra las sanciones que prevé la iniciativa.

“La APP celebra que el Congreso de los Diputados inicie la tramitación de esta reforma y lamenta que la demanda de las asociaciones de periodistas más representativas para que las autoridades garanticen el derecho a la información de la ciudadanía no cuente con el apoyo de PP y VOX”, reza el comunicado que ha lanzado la asociación tras la votación, que se ha saldado con 174 votos en contra de las enmiendas a la totalidad de ambas formaciones y 166 a favor.

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Es importante remarcar que en ningún caso la reforma prevé sanciones por el contenido de la actividad de las personas acreditadas en la Cámara Baja, sino por el comportamiento de las mismas. Tal y como señalan una y otra vez las fuerzas políticas que apoyan la reforma —todas, menos PP y Vox—, se ha tenido que dar el paso de modificar el Reglamento por el torpedeo constante por parte de figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo de elementos de la actividad parlamentaria como las ruedas de prensa.

Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo ha fundamentado su defensa en acusar al Gobierno de querer librarse en el Congreso de la prensa no afín. “Impugnamos la reforma en nombre de la libertad de prensa”, ha aseverado. Además, ha metido en el mismo saco a los agitadores que revientan ruedas de prensa o rompen las normas de convivencia de la Cámara y a los periodistas de medios que han destapado alguno de los casos de presunta corrupción que azotan al Gobierno.

La diputada popular ha acusado al Ejecutivo de tejer una estrategia para hacer pasar a la prensa no afín por ultraderecha y sus noticias por bulos.

Pero, independientemente de esa idea de Álvarez de Toledo, lo cierto es que la reforma en ningún caso contempla sanciones por el contenido de preguntas, sino para quienes no respeten “la cortesía parlamentaria” y “las directrices e instrucciones de la Mesa”, una Mesa cuya mayoría variará dependiendo de la fuerza de las distintas formaciones en el Congreso. En otras palabras, lo que se genera con esta reforma no es un arbitraje de la Cámara para vetar a periodistas que no le gustan, sino un mecanismo para sancionar los comportamientos indecorosos o problemáticos dentro del Congreso.

Pero tanto Figaredo como Álvarez de Toledo ven en ello una intención perversa. “A los que les hacen preguntas incómodas y sobre la corrupción no los quieren”, ha insistido el diputado de Vox, aunque en las ruedas de prensa periodistas de todas las cuerdas políticas realizan constantemente ese tipo de preguntas. Para Figaredo, el Gobierno protege “a aquellos periodistas que les bailan el agua y que son unos lamebotas”.

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Incluso la Comisión Europea ha lamentado en su informe anual sobre la situación del Estado de derecho de los 27 países de la Unión Europea que haya personas que “estén acreditadas como periodistas” en el Congreso y “abusen de esa posición para obstaculizar el trabajo de otros periodistas”, tal y como explica Público en esta pieza.

Rufián reta a Vito Quiles
Desde hace semanas, Gabriel Rufián ha emprendido una estrategia distinta a la de otros diputados ante el seguimiento constante que le realiza Vito Quiles. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya le lanza respuestas peregrinas sobre temas que nada tienen que ver con lo que le pregunta el agitador. El propio Quiles ha alimentado en redes sociales su persecución a Rufián, generando a su alrededor la expectación de sus seguidores. Además, ha llegado a sugerir al diputado, con sorna, que vote en contra de la reforma del Reglamento.

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Rufián, en una intervención desde su escaño, ha sido cortante con Quiles. “Le propongo un trato”, le ha dicho, “si usted me jura que va a preguntar a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas en la pandemia de sus familiares, que le va a preguntar a Mazón qué hacía en el Ventorro mientras la gente se ahogaba… Porque usted al Ventorro no ha ido, ¿verdad? Si usted me promete que va a hacer eso, yo le prometo que no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y la ultraderecha”. “Pero, por lo que sea”, ha abrochado, “no me lo va a poder prometer”.

La reforma del Reglamento
Pero, ¿qué dice esa reforma del Reglamento? Las infracciones que contemplará se dividirán entre leves, graves y muy graves. Las primeras tendrán que ver, sobre todo, con el acceso a espacios restringidos de la Cámara o a la omisión de información a la hora de solicitar la credencial. Las graves se refieren, entre otras cosas, a la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara, la interrupción de las ruedas de prensa —una de las acciones más habituales de Quiles o Ndongo— u otros comportamientos “que perjudiquen la actividad de la Cámara” o el trabajo de los medios.

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En el apartado de las faltas muy graves, por último, se incluyen desde la grabación de imágenes y audios con dispositivos ocultos, hasta proferir insultos dentro del Congreso. Además, se especifica que cometer dos infracciones de las consideradas graves se considerará una infracción muy grave.

Las infracciones leves se sancionarán, tal y como reza el texto de la reforma, con un “apercibimiento” y, en su caso, “suspensión de la credencial” por un tiempo de diez días. En cuanto a las graves, esa suspensión irá de los diez días a los tres meses. En el caso de que se cometa una infracción muy grave, dependiendo del tipo que sea y de su gravedad, la suspensión irá de los tres meses a los cinco años o, incluso, podrá comportar “la revocación definitiva de la credencial”.

La reforma también contempla la creación de un “consejo consultivo” —al que Álvarez de Toledo ha llamado "soviet"— compuesto por un diputado de cada grupo parlamentario y con representación de “los colectivos profesionales en el ámbito de la información”. De todas formas, será la Mesa de la Cámara el órgano encargado del procedimiento sancionador. Una vez se decida imponer una sanción, el consejo consultivo antes citado dispondrá de un plazo de 15 días para intervenir en el proceso. Transcurrido ese tiempo, corresponderá a la Mesa la decisión definitiva.