La migración, el intercambio y la acogida de personas de distintos territorios son tres factores que sustentan el progreso de las sociedades a lo largo de la Historia. La reacción conservadora a esta realidad ha sido también una constante siglo tras siglo, incluso en situaciones en las que los desplazamientos se han debido o se deben a la huida de guerras, de la pobreza extrema o de desastres naturales. Un rechazo del que ningún estado moderno puede considerarse inmune, y que el partido ultra Vox está agitando ahora con el “queremos seguir siendo España” para justificar la petición de expulsión de extranjeros que viven y trabajan en nuestro país, a pesar de las evidencias de que el incremento de la llegada de inmigrantes de los últimos años tiene un efecto positivo y diferencial en el crecimiento económico, en las pensiones y en el mercado de trabajo.

Este martes, en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Vox, Pepa Millán, exigió la “inmediata expulsión de los migrantes ilegales en España”, así como de los migrantes legales “que hayan hecho del delito su forma de vida” o que hayan demostrado lo que consideran sin más detalles “una incapacidad manifiesta de integración”. La amenaza de romper las vidas de quienes luchan cada día por una vida próspera o por un futuro mejor choca además con los argumentos que vienen dando todas las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, cuando analizan la evolución de nuestro país desde el shock de la pandemia.