Por primera vez, el Gobierno francés ha autorizado la realización de un estudio demográfico basado en criterios étnicos, algo que prohíbe explícitamente la ley para evitar que dé pie a discriminaciones racistas. La decisión la rubricó el ministro de Educación, con el visto bueno de la Comisión Nacional de Informática y Libertades, la víspera de la vuelta al colegio de doce millones de niños, 50.000 directamente amenazados de expulsión.


El objetivo de la investigación es valorar el grado de integración de las segundas generaciones de inmigrantes en varias ciudades francesas, y especialmente en París y Estrasburgo. La realizará el Instituto Nacional de Estudios Demográficos procesando los datos de varios grupos de personas seleccionadas de manera aleatoria en la guía telefónica en función del origen de sus apellidos.

Todos deberán haber nacido en territorio galo, pero la mitad serán hijos de turcos y marroquíes y se tendrá especialmente en cuenta su situación familiar y profesional, los idiomas que hablan, su adscripción religiosa y las posibles discriminaciones de las que hayan podido ser objeto.

El Código Penal francés prohíbe «conservar en una memoria informatizada y sin consentimiento del interesado datos de carácter personal que directa o indirectamente, muestren sus orígenes raciales o étnicos».

El Ministerio de Educación justifica esta excepción al cumplimiento de las leyes de protección de datos por el «gran interés público» del estudio, que podrá paliar «la insuficiencia de estadísticas que impiden mejorar la política de integración».

El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha defendido este «cómputo étnico» como un instrumento «para luchar contra las discriminaciones».

No opinan lo mismo las asociaciones de defensa de los derechos humanos. SOS Racismo teme que el recuento sirva para «abrir ficheros que amplíen las discriminaciones», aunque en principio los datos serían de uso exclusivo del instituto demográfico. El Movimiento contra el Racismo deplora que este nuevo estudio se una a «los ficheros étnicos del Ministerio del Interior sobre la delincuencia».


30.000 expedientes


Por otra parte, Educación sin Fronteras ha recomendado a algunos de los 50.000 niños amenazados de expulsión que no acudan a clase. El proceso de inscripción de irregulares abierto en junio por el departamento de Nicolas Sarkozy ha llevado a la apertura hasta el 13 de agosto de 30.000 expedientes que están siendo evaluados individualmente. Los cálculos oficiales apuntan a que sólo serán regularizadas unas 6.000 familias. El curso empezó ayer en muchas escuelas con pancartas y concentraciones en contra de las expulsiones de alumnos.


El domingo, varios centenares de personas se manifestaron en Marsella, coincidiendo con la intervención de Sarkozy en la universidad de verano de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP). Mientras pedían la regularización de todos los hijos de sin papeles escolarizados, el aspirante a la candidatura presidencial volvía la vista diez meses atrás, cuando los jóvenes de los barrios deprimidos se sublevaron quemando coches, para sentenciar: «Uno no se convierte en francés a su pesar, sino porque lo desea realmente».