El 24 de junio de 2022, ahora hace ya tres años, pasará a la historia como uno de los días más oscuros de la historia reciente del Estado español. Aquel día, el paso fronterizo del barrio chino melillense se convirtió en una trampa mortal para miles de personas que huían de la miseria, la guerra y el hambre. El resultado: 37 personas muertas, 77 personas desaparecidas y centenares de heridos. Solo buscaban una cosa: la oportunidad de vivir con dignidad.

Esta tragedia era evitable. Fue consecuencia de una actuación conjunta, violenta y deliberada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español y de Marruecos para reprimir y disuadir a las personas migrantes, tal como han denunciado organizaciones como Irídia, Border Forensics o Amnistía Internacional. Esta última denunció al Estado español por cometer crímenes contra el derecho internacional: uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, negativa a prestar asistencia sanitaria inmediata, devoluciones ilegales, impedir documentar lo ocurrido y el trato inhumano a las víctimas por parte de las autoridades españolas. No tuvieron piedad.

Tres años después, no hay justicia, ni memoria, ni responsabilidad institucional. Solo hay silencio, impunidad y olvido. El Gobierno español y el Ministerio del Interior todavía niegan las irregularidades y las vulneraciones de derechos humanos. No hay ninguna investigación judicial abierta, ninguna dimisión, ni ningún cargo cesado, y las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. Y este silencio institucional es complicidad criminal.

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La impunidad no es solo un fracaso de la Justicia, también es racismo institucional y estructural. La vida de las personas migrantes continúa siendo prescindible para las autoridades del Estado.

Pero esto no es nuevo: es el resultado de un modelo y unas políticas migratorias deshumanizadoras y racistas, diseñadas bajo la lógica del mercado y del control, que no priorizan el Estado de derecho y la dignidad humana. Entender la migración como un problema, la convierte en un hecho anormal e indeseable. Criminalizar la pobreza, el hambre o simplemente buscar una vida mejor es terriblemente cruel, y devastador para el futuro de nuestras sociedades. Porque de lo que se trata es de que son personas migrantes pobres. No es el pasaporte, ni el origen el que las condena, sino su condición social.

Y es en este sentido que hay que desmontar las mentiras de la extrema derecha, porque “el efecto llamada” no es la defensa de los derechos humanos, sino la demanda de mano de obra barata. Es el cinismo que con violencia deliberada expulsa e impide la entrada de estas personas, por un lado, pero contrata y explota por el otro. Se trata también de un sistema que ha convertido las fronteras en espacios de excepción, fuera de derecho y de controles democráticos.

La militarización de las fronteras, la externalización del control fronterizo a terceros países como Marruecos y los acuerdos con regímenes autoritarios no resuelven la llegada de personas migrantes al Estado español y a la UE. Al contrario. La política migratoria del Estado español tiene que situar la vida, la solidaridad y la justicia global en el centro. Se tienen que crear vías legales, seguras y garantistas, que se traduzcan en oportunidades para quienes llegan.

Mientras los CIEs continúen abiertos, las devoluciones en caliente se mantengan y la criminalización de las personas migrantes sea la norma, ni el Estado español, ni la UE podrán hablar de respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Y desde las izquierdas no basta con proclamar que “ninguna persona es ilegal”, hay que denunciar con toda la firmeza un sistema que convierte el Mediterráneo y sus fronteras en una fosa común para aquellos que no tienen pasaporte europeo. No basta con hablar de derechos en abstracto, mientras la ley de extranjería continúa criminalizando la supervivencia.

La masacre melillense no es solo una herida abierta. Es un espejo que refleja las prioridades reales de las democracias europeas: proteger muros, y no vidas. Y nos recuerda que el racismo institucional no es un error puntual, es una práctica sistémica que mata.

Por eso, se tiene que poner fin a la violencia y a las políticas migratorias racistas. Se tiene que garantizar el derecho en la vida. Y se tiene que abrir una investigación independiente e imparcial de la tragedia melillense. El Gobierno español tiene que asumir responsabilidades, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición. Las muertes en Melilla no son invisibles. Son la prueba de la hipocresía del Estado español y de Europa. Un grito que nos interpela a todos y todas, y al que no podemos continuar siendo indiferentes. Porque el silencio mata. Y todos nos definimos, también, por el peso perenne de nuestros silencios, sobre todo en política.