El fiscal de Huelva encargado de los delitos de incitación al odio investiga la denuncia presentada por una asociación humanitaria contra el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, del PP. El motivo es el contenido de un vídeo subido a sus redes sociales en el que exhibe unas supuestas armas requisadas a migrantes “ilegales” detenidos por la Policía Local de un municipio donde trabajan cientos de temporeros extranjeros en la recogida de la fresa.

La Carpa, una asociación de Sevilla que ha llevado toneladas de enseres, agua y comida a los asentamientos de temporeros de la fresa sin acceso a una vivienda, presentó la denuncia por un presunto delito de incitación al odio. Este jueves fuentes de la Fiscalía de Huelva han confirmado a Público que ya se investiga la denuncia.

La denuncia incorpora la transcripción de las declaraciones que el alcalde popular hizo en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook el pasado 23 de junio para responder a las manifestaciones de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. Rico ya había tachado de “irresponsables” y “xenófobas” unas declaraciones previas del regidor municipal en otro vídeo subido en esa misma red social.

En el primer vídeo, grabado en el despacho de la alcaldía el 20 de junio, Manuel Barroso muestra su indignación tras el apuñalamiento del propietario de una imprenta de su municipio, que resultó herido grave. “Tenemos un gran problema en Cartaya, en Andalucía, en España, al que no se está poniendo remedio. Estamos desesperados, muchos alcaldes de muchos grupos políticos. La desesperación es bestial”, señala el alcalde, que culpa de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez. “Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles mendigando. Son personas que se dedican solo a delinquir, a hacer el mal. Están saturando la sanidad, la educación. Es tanto el daño que nos está haciendo que no podemos hacer absolutamente nada, porque el gobierno de España no echa a nadie”, añade Barroso.

A continuación, el alcalde afirma que “el 80% de los delitos” que se cometen en Cartaya han sido cometidos por “personas ilegales que están delinquiendo para sobrevivir”. “Tenemos una inmigración ilegal que viene a hacer daño nada más (…) ¿Qué hacemos los alcaldes con estas personas que vienen a destrozar nuestros municipios? Los padres están asustados, no pueden dejar solos a sus hijos por la calle, porque la inmigración ilegal no para de hacer daño”, concluye el regidor municipal.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, tachó de “irresponsables” las declaraciones del alcalde cartayero, por haber relacionado la migración irregular con la comisión de delitos. Ello, a su juicio, responde a un discurso xenófobo carente de rigor, basado en datos falsos sobre la tasa de criminalidad en ese municipio.

Y un día después, el alcalde le respondió a la subdelegada con otro vídeo en su cuenta de Facebook, en esta ocasión grabado ante una mesa de despacho cubierta de cuchillos, alicates, destornilladores y otras herramientas, que, según él, habían sido intervenidas por la policía como “armas” a migrantes en situación administrativa irregular. En la grabación, Barroso niega que sea racista ni xenófobo, sino que es “demasiado claro”.

En un momento de la grabación, el alcalde exhibe un cuchillo de gran tamaño que, asegura, se le ha requisado a un inmigrante irregular. “Lo máximo que podemos hacer dice entonces Barroso es quitárselo en la comisaría. No podemos ni denunciarlo. Lo mínimo que deberíamos hacer es mandarlo a su país”.

A continuación, el alcalde pide a la subdelegada del Gobierno que le diga dónde vive para mandarle un autobús “lleno con estos inmigrantes ilegales”. “Los llevo a su calle, a ver qué dicen sus vecinos, a ver si le gusta”, apostilla Barroso, que advierte de que no va a parar hasta que “Cartaya sea el municipio más seguro de España”.

Los delitos bajaron en Cartaya en 2024
El presidente de la asociación humanitaria La Carpa, Alfonso Romera, ha manifestado a Público que las declaraciones de Manuel Barroso son “una barbaridad”. Romera ha añadido que ello se suma al hecho de haber exhibido unas herramientas que deberían de estar bajo custodia policial o judicial, si es que con ellas se ha cometido algún delito, como asegura el regidor.

Los datos del Portal de Estadística de Criminalidad del Ministerio del Interior reflejan que en 2024 el número de delitos bajó un 15,2% en el municipio de Cartaya con respecto al 2023, de 1.476 a 1.252. Y en el primer trimestre del presente año último balance publicado se registró un ligero repunte en relación al mismo periodo de 2024, al pasar de 318 a 328 infracciones penales, un 3,1% más.

En otro de los grandes municipios freseros onubenses, Lepe, limítrofe con Cartaya, también se registró en 2024 un descenso del número de infracciones penales, un 5,8% menos que en el año anterior, al pasar de 1.011 delitos a 952.

CCOO también ha criticado duramente las palabras del alcalde de Cartaya. Su secretaria general en Huelva, Julia Perea, mostró su “más absoluto rechazo por un discurso insolidario, xenófobo, que deshumaniza a las personas migrantes”, subrayó. “Vincular la inmigración con la inseguridad ciudadana es un profundo error”, apostilló la dirigente sindical. La formación de IU en Cartaya anunció que también iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía por las declaraciones del alcalde, las cuales enmarcó en una “espiral de violencia verbal sin precedentes”. Este periódico ha intentado conocer la valoración del regidor pero no ha sido posible.