El Tribunal Supremo dictó este miércoles una providencia firmada por los magistrados Carlos Lesmes, Fernando Román García y Ángeles Huet, en la que ordena al Gobierno de España y al de Canarias entregar un documento «conjunto» sobre los avances logrados en la atención a menores migrantes no acompañados con asilo. En concreto, sobre su acceso al Sistema de Protección Internacional y los derechos que les corresponden.

«Cada 15 días las partes deberán remitir a la Sala un informe conjunto sobre los avances producidos en ejecución de lo acordado», reza textualmente la providencia.
Con ello, el Supremo matiza lo ya ordenado en la pieza de medidas cautelares, un auto del pasado 4 de junio, en el que mandaba a ambas partes a «dar cuenta detallada a la Sala cada 15 días hasta su completo cumplimiento», e incluso advertía que, de no ser así, se adoptarían «las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento», en referencia a posibles multas.

La diferencia es que, en la primera ocasión en que ambas administraciones informaron de los avances, lo hicieron por separado. Ahora, el Supremo exige un único informe elaborado por ambas.

Desde la creación del comité interadministrativo hace dos semanas, el Estado y Canarias habían acordado grabar las sesiones y remitirlas al Supremo. Tal fue el caso de la reunión telemática celebrada este pasado martes.

827 menores dados de alta
Un día antes, el Estado ya había dado de alta a 827 menores migrantes no acompañados con asilo en el Sistema de Protección Internacional. Sin embargo, estos siguen aún en centros de las islas. Además, Canarias reconoce a casi 1.200 asilados, no solo a 827.

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El martes acordaron habilitar 250 plazas de «tránsito» en el antiguo acuartelamiento Canarias50, en el barrio de La Isleta, en la capital grancanaria. Se trata de un centro temporal de acogida para migrantes adultos, donde se destinarán a las zonas separadas para mujeres y familias. También el Estado ofreció otras 400 plazas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (Creade), ubicado en Pozuelo, Madrid.

Todas ellas, hasta un total de 650, son plazas temporales donde se entrevistará a los menores para decidir su recurso de acogida permanente.

La providencia también indica que lo ya remitido por ambas partes, es decir, el Gobierno de España y el de Canarias, ha sido incorporado a la pieza de medidas cautelares. Pero, «a la vista de su contenido», el Supremo resuelve que el próximo informe debe ser elaborado de forma «conjunta».

En ese segundo auto, el Alto Tribunal también ordenaba a las partes la «identificación de los responsables del cumplimiento de las medidas acordadas en cada uno de los ministerios afectados», esto es, Migraciones (que dirige Elma Saiz), Infancia (Sira Rego) e Interior (Fernando Grande-Marlaska). Y daba quince días para que ambos gobiernos definieran la fórmula de colaboración «más eficaz» para que los niños, niñas y adolescentes con derecho a asilo fueran integrados en el Sistema de Protección Internacional.