Othman cuelga el teléfono. “Que ya lo tienen reservado”, anuncia indiferente. Buscar piso se ha convertido en su segundo trabajo, nada más cruzar el umbral de la oficina. Idealista, Fotocasa, Pisos.com. Y vuelta a empezar. La búsqueda parece interminable. “No es la primera vez que me ponen la típica excusa de que el piso ya está alquilado, que ya lo tienen apalabrado con alguien”, reconoce. “Luego mi pareja llama para preguntar por el mismo piso y sí que le ofrecen ir a visitarlo”, continúa. ¿La diferencia? Nombres y apellidos.

“Como inquilino he notado mucha insistencia en los nombres y apellidos. En cuanto algo no les suena de aquí, te empiezan a poner mala cara”, explica. “Da igual que tengas DNI, que hayas nacido, estudiado, trabajado y hecho toda tu vida aquí. Te miran y te tratan con desconfianza”, se lamenta. La historia de Othman es la de muchos otros. Personas de origen migrante a veces, como él, de segunda o tercera generación, racializadas, con acento, con prácticas culturales y religiosas minoritarias… Cualquier pequeña diferencia es susceptible de hacer sonar las alarmas del prejuicio y accionar los mecanismos de la discriminación. Y el ámbito de la vivienda no es una excepción. Sobre todo cuando formas parte de su eslabón más vulnerable: los inquilinos.

Un tercio de la población inquilina

Ser migrante es sinónimo de ser inquilino. Es una de las conclusiones del informe El precio del prejuicio. Inmigración y vivienda de alquiler, publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Los investigadores estiman que los hogares migrantes representan hasta el 35% del total de hogares inquilinos: siete de cada diez viven de alquiler. Muchas veces, ni siquiera de pisos completos. Ante la ausencia de alternativas, un tercio de los inquilinos de origen extranjero acaba recurriendo al alquiler de habitaciones.

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Es el caso de Tokyo y de su madre, Yessica, que comparten una habitación en el distrito periférico de Villaverde, en Madrid. Después de buscar sin éxito otras opciones, el jefe de Yessica les ofreció una habitación en un inmueble de su propiedad. Un piso que comparten con otras tres personas, que carece de zonas comunes, a excepción de una pequeña cocina y un baño, y por el que pagan 520 euros al mes. A pesar de todo, están contentas. “Aquí no hemos tenido problemas”, aseguran.

El 99% de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas

No pueden decir lo mismo de experiencias anteriores. “Cuando llegas a España y no conoces nadie, tienes que ir a buscar a la inmobiliarias”, comienzan contando. Unas inmobiliarias que, según Provivienda, están dispuestas a aplicar criterios de selección racistas hasta en el 99% de los casos. “Te piden ya de primeras un contrato de más de un año y tres o cuatro nóminas”, explican. Las exigencias no terminan ahí: el mes corriente, la fianza y hasta dos mensualidades más. “Al final son como cuatro meses de lo que cuesta el piso”, calculan. “A veces te solicitan un tiempo de espera. Siempre te queda la sospecha de que te dejen un poco como última opción”, amplía Othman. Y eso sin tener en cuenta a las personas que solo tienen acceso al mercado inmobiliario informal: el 13% de los inquilinos migrantes no dispone de un contrato de arrendamiento escrito.

Un ingrediente más del racismo inmobiliario: el hacinamiento. Según el centro de investigación, el 41% de los inquilinos migrantes entre los que se incluirían Tokyo y Yessica residen en viviendas con más personas que habitaciones y solo el 13,6% puede permitirse vivir solo. Las condiciones de los pisos agravan todavía más la situación. “La mitad de los inquilinos migrantes reseña más de cuatro deficiencias graves en su vivienda, como pueden ser un mal aislamiento térmico o acústico, la necesidad de reformas o problemas con humedades y filtraciones”, enumera Pablo Pérez Ruiz, investigador y coautor del informe.

“Las personas de origen extranjero sufren una doble discriminación: por clase social y por origen”

¿El resultado? Aunque las personas migrantes pagan los mismos precios que los locales, las condiciones en las que viven son mucho más precarias. “Es lo que llamamos inclusión predatoria”, confirma Pérez. Un fenómeno que se combina con las dinámicas de segregación urbana. “Las personas migrantes tienden a concentrarse en determinadas barrios, empujados por la discriminación en el acceso a la vivienda que sufren en otros. Con frecuencia acaban en viviendas de propiedad vertical, de peor calidad”, sentencia.

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Contratos temporales, mudanzas forzosas, coacciones de los propietarios… La inseguridad residencial se ceba con los inquilinos de origen extranjero. El resultado es alarmante: uno de cada cuatro inquilinos migrantes se ha mudado más de tres veces en los últimos cinco años. Y no termina ahí. Tienen además el triple de posibilidades de ser expulsados por sus caseros, de los que la mitad ha soportado algún tipo de abuso. “Esta movilidad constante genera una gran inestabilidad emocional, familiar, económica y social”, denuncia el investigador. “Les condena a vivir con ansiedad y miedo constantes a perder su vivienda y a tener que buscar un lugar donde empezar de nuevo”.

Las constantes idas y venidas en busca de un techo generan desarraigo e intensifican la situación general de vulnerabilidad, que se replica en los terrenos económico y laboral. Las tasas generales del indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social son contundentes: en la última década, el indicador se ha situado en torno al 60% para la población migrante extracomunitaria. “Así es como las personas de origen extranjero sufren muchas veces una doble discriminación: por clase social y por origen”. desgrana Pérez.

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Las conclusiones parecen evidentes. “Sería necesario crear un marco legal mucho más robusto, que prohiba explícitamente cualquier forma de discriminación”, resume Pérez. Un marco legal que, sin embargo, seguiría siendo insuficiente. “Se debería establecer también un sistema de auditorías y controles regulares que verifiquen que las inmobiliarias cumplen con las normativas antidiscriminatorias. Y campañas de concienciación pública y de formación para los profesionales del sector inmobiliario”, propone como complemento. Una última medida: la creación de plataformas de denuncia accesibles, donde las personas afectadas puedan informar sobre prácticas discriminatorias sin miedo a represalias.