«Todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España; esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan». Así se expresó la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, durante su discurso a los 123 embajadores españoles reunidos en Madrid con motivo de la cuarta Conferencia de Embajadores. El Ejecutivo, que cree que las autoridades africanas no hacen todo cuanto pueden para frenar la avalancha de indocumentados, subrayó que está dispuesto a «actuar con toda firmeza» para hacerles cumplir los acuerdos alcanzados en materia de control de las migraciones.

La número dos del Ejecutivo exhortó a los embajadores a trabajar desde sus cancillerías para poner fin a la inmigración irregular. De la Vega aseguró que controlar, canalizar y ordenar los flujos migratorios constituye «el gran reto» de los países desarrollados en este siglo. Para conseguirlo propuso, a corto plazo, un reforzamiento de todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas; intensificar la lucha contra las mafias que trafican seres humanos y ampliar los acuerdos de devolución con los países de procedencia de los ilegales.

Su receta coincidió con la que propuso, apenas una hora antes y en el mismo foro, Miguel Ángel Moratinos. El jefe de la diplomacia señaló ante sus subordinados que España debe «impermeabilizar» sus fronteras, fortalecer la lucha contra las mafias y «agilizar» todos los mecanismos de repatriación.

«Hambre sin fronteras»

Moratinos cifró en más de 200 millones el número de personas obligadas a abandonar sus países de origen a causa de la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la ausencia de perspectivas de futuro, la inestabilidad política o la indignidad en sus condiciones de vida. «La necesidad y el hambre no conocen fronteras», afirmó el ministro, que abogó por «racionalizar y gestionar» el control de flujos y la inmigración, legal e ilegal.

La vicepresidenta y el ministro de Exteriores explicaron a los embajadores españoles que el problema de la inmigración ilegal es hoy uno de los principales «desafíos» para los países de origen, tránsito y destino, que comparten la responsabilidad de gestionarlo de forma eficaz. Destacaron que España trabaja en este ámbito con el máximo «cuidado» y respeto hacia los derechos de los inmigrantes y sus culturas.

Fernández de la Vega hizo hincapié en que la inmigración legal, en la actualidad, no es un problema, y el desafío en este ámbito es gestionar una diversidad creciente con vistas a evitar el racismo y la xenofobia. Lamentó «algunas manifestaciones de puro oportunismo político en las que un grupo político identificaba a la inmigración con la delincuencia».