JOSÉ BEJARANO
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, endureció ayer el discurso contra la inmigración irregular. Suele ocurrir cuando no hay otra cosa que ofrecer o se llega a la conclusión de estar ante un problema insoluble. En ese sentido, la aparente dureza de la vicepresidenta denota más impotencia que determinación y parece responder a la necesidad de parar el desgaste político que supone la ineficacia de las medidas de control policial en las costas canarias. Senegal, principal origen de los inmigrantes, respondió ayer mismo y dijo que enviará una misión policial para colaborar a la repatriación y aceptará que las patrullas europeas vigilen sus costas.

En el horizonte parece vislumbrarse algo más que embarcaciones atestadas de inmigrantes. Pero la solución definitiva no será policial, sino política. Se basaría en la idea de que nadie con dos dedos de frente salta la valla si tiene posibilidad de entrar por la puerta. Pero la puerta está cerrada a cal y canto. Los cupos para cubrir puestos en la agricultura o el servicio doméstico no responden a la demanda real de mano de obra y ese desfase entre el empleo que España ofrece y los trabajadores que demanda es lo que explica la llegada de irregulares. Senegal espera de España algo más sustancioso que unos pocos millones a cambio de readmitir a sus ciudadanos. Por ejemplo, un trato preferente en la atribución de cupos de trabajo. Suelen decir en los países de emigración, con bastante sentido común, que preferirían estar en la cola de un consulado de España para obtener un permiso de trabajo y un visado que a la espera de saltar a un cayuco. Pero para eso tendrían que albergar alguna esperanza de lograrlo. Tendrían que ver al menos la puerta entreabierta.