LUIS IZQUIERDO – Madrid
Una de las claves para frenar la llegada de inmigrantes clandestinos es el buen funcionamiento de la política de repatriaciones. Y si bien ésta funciona a la perfección con países como Marruecos, no marcha bien con otros, como Senegal. No es casual que más del 90% de los inmigrantes que llegan en las últimas semanas sean precisamente de ese país, con el que España ha firmado un convenio de esta naturaleza que en la práctica no se aplica. Yno funciona porque el Gobierno senegalés no tiene voluntad real de que así sea. Cada inmigrante de ese país asentado en España o en cualquier otro país de Europa envía una media de dos mil euros anuales a sus familiares en forma de remesas, así que cada repatriado representa una pérdida de ingresos equivalente.

Los numerosos obstáculos legales no facilitan mucho las cosas. Los inmigrantes saben que una de las claves para no ser repatriados es que la policía ignore su lugar de procedencia. Ninguno lleva el pasaporte consigo y todos se dicen proceder de países con los que no existe convenio de repatriación con España: Liberia, Sierra Leona…, lo que les convierte, al menos en teoría, en no expulsables.

A pesar de ello, existen fórmulas que permiten a los funcionarios de esos países identificar a sus compatriotas. Una delegación senegalesa integrada por un diplomático y varios policías permitió el pasado mes de junio localizar a más de 200 ciudadanos de ese país en los centros de internamiento canarios. Todo estaba listo para trasladarlos de vuelta a África cuando su Gobierno suspendió la aplicación del convenio. Transcurrido el plazo máximo de internamiento, que es de 40 días, todos fueron trasladados a la Península y puestos en libertad previa entrega de su orden de expulsión. Varios cientos de senegaleses más esperan en estos días en Canarias que ese plazo se agote mientras sus gobernantes dilatan la aplicación de las demandas que el Ejecutivo español realiza cada día que pasa con mayor insistencia.

El Ministerio del Interior tiene claro que una rutina regular de repatriaciones a Senegal aminoraría considerablemente el ritmo de llegada de cayucos, pues disuadiría a muchos de hacer la larga y peligrosa travesía si corren el riesgo de ser retornados en pocos días. Al menos es lo que ha sucedido con Marruecos o Nigeria. Por eso el Ejecutivo español ha intensificado ahora la presión sobre el Gobierno de ese país. Pero lo que está claro es que, cuando se trata de gobiernos africanos, una cosa es lo firmado y otra distinta su aplicación. Esté o no por escrito, cada situación puede renegociarse en función de las circunstancias.