CRISTINA SEN – MADRID
Superado por la situación y ante el inicio del curso político, el Gobierno imprimió ayer un cambio sustancial a su discurso y a su estrategia sobre la inmigración ilegal. De la exaltación del diálogo y de la cooperación con los países de origen y con la UE como herramienta casi única para hacer frente a la incesante llegada de cayucos a Canarias, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega cambió de tercio despachándose con un mensaje nuevo, nuevo por su dureza. “Estamos dispuestos – dijo ante los embajadores españoles- a actuar con toda firmeza. Es necesario hacer saber a los países de origen de los inmigrantes que no vamos a tolerar que sigan llegando a nuestras costas, que no vamos a seguir tolerando que se incumplan los acuerdos bilaterales (de repatriación)”.

“Todo el que entra en España de manera irregular más tarde o más temprano saldrá de España; esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan”, recalcó.

El Gobierno reconocía que hasta el momento y en general el diálogo con los gobiernos subsaharianos no ha dado sus frutos. El Ejecutivo pone ahora sus expectativas y centra su presión en Senegal, para intentar que coopere no sólo en el control de las costas, sino en la repatriación de los extranjeros ilegales. En su mensaje, De la Vega también miró hacia la UE, que no se ha caracterizado por la agilidad de sus ayudas, recordando que los estados deben de ser solidarios con España.

Para hacer frente a la inmigración ilegal, De la Vega y Miguel Ángel Moratinos anunciaron ante los embajadores españoles un mayor control en las fronteras.