JOSÉ BEJARANO – Sevilla
Porque no es posible ponerle puertas al mar, ni abandonar a su suerte a miles de personas que arriesgan sus vidas, ni obligar a los gobiernos de otros países a acoger a sus ciudadanos en contra de su propia voluntad. Esos tres principios elementales marcan todo lo que sigue a la llegada de inmigrantes a las costas españolas. Cada vez que arriba una patera a Canarias, a Andalucía, a las autoridades españolas no les queda otra cosa que ofrecer a sus ocupantes ayuda humanitaria, retenerlos mientras se intenta su repatriación y, si ésta falla porque los países de origen se encogen de hombros, ponerlos en libertad con orden de que abandonen España. Mantenerlos indefinidamente en los centros de internamiento supondría a estas alturas del año tener 20.000 subsaharianos en campos de retención. Eso sin contar los que entran por los aeropuertos y los Pirineos. Impensable.

Las dificultades para la repatriación son enormes si los inmigrantes logran tocar tierra, pero incluso antes resulta casi imposible evitar que se aproximen a las costas. No hay medios suficientes para controlar la inmensidad del Atlántico. Si no se les quiere aquí, la única solución al problema es su vuelta incentivada al lugar de origen. Aun a sabiendas de que en pocas semanas volverán a intentarlo. A veces se han efectuado envíos de inmigrantes a países distintos de los suyos, previo pago de sumas considerables procedentes de los fondos reservados y contraviniendo acuerdos internacionales sobre repatriación. Todo porque las autoridades de las zonas emisoras de emigración se niegan a cooperar, en parte con razón dado que para ellas el fenómeno no es un problema, sino una solución: les alivia de la pobreza, bien como válvula de escape para el desempleo, bien como fuente de divisas por las remesas.

Ayudar al que llega, muchas veces al límite de sus fuerzas, no es sinónimo de practicar una política de puertas abiertas. Resulta escalofriante oír que alguien confunda darles agua, comida y ropa limpia con incentivar la llegada de más personas. Actuar de otra forma sería condenarlos a muerte por haberse lanzado al mar en busca de una vida mejor como hicieron cientos de miles de españoles que en el pasado emigraron a América. Independientemente de que luego se intente devolverlos a sus lugares de origen, un país democrático y avanzado no puede hacer otra cosa que atender lo mejor posible a quien llega en esas condiciones. Y detectar a los que huyen de situaciones de violencia o son perseguidos por sus ideas y cuyas vidas estarían en peligro si fuesen devueltos. Obligan a ello los acuerdos internacionales.