La oleada de inmigración ilegal que desembarca en los últimos días en las costas canarias no tiene precedentes en cuanto a sus dimensiones: 1.433 sin papeles llegaron a España en cayuco durante el fin de semana, y ayer eran centenares los que perseveraban en el intento, desbordando la capacidad de los centros destinados a acogerlos. Desde la constatación de que no está en las agendas del Primer Mundo la voluntad real de equilibrar las condiciones de vida a un lado y otro del estrecho de Gibraltar hasta la evidencia de que difícilmente se logrará repatriar a tantos inmigrantes ilegales como entran en España, este drama que sólo beneficia a un puñado de mafiosos presenta más problemas que soluciones.

CARLA FIBLA – Rabat
En la decisión personal y tomada casi siempre en familia de venderlo todo o endeudarse para que uno de los miembros viaje a Europa con el objetivo de que, en pocos meses, el resto logre una vida digna no intervienen ni las supuestas políticas migratorias ni el endurecimiento de los controles fronterizos. Las personas que han tomado la determinación de abandonar su hogar no pueden permitirse el fracaso, no pueden dar media vuelta y deshacer el camino. Ante esta situación de pura desesperación – por conflictos étnicos, guerras o hambruna, sobre los que el Primer Mundo tiene una importante responsabilidad, o por factores naturales, como la sequía o la plaga de langostas que ha asolado en los últimos años el África subsahariana-, los gobiernos de los países emisores y de tránsito de la inmigración clandestina que llega a Europa no aportan soluciones.

Ahora que se ha logrado – a base de impactantes crisis migratorias como la de las vallas en octubre del 2005 o la de los cayucos, que comenzó en marzo de este año- que Europa se implique, es cada día más evidente que los regímenes de los países africanos, muchos de ellos dictatoriales y la mayoría con importantes problemas de corrupción, están adoptando una postura en la que combinan el papel de víctimas con el de socio imprescindible de una posible solución que no pasa por mejorar la seguridad, sino por una más justa redistribución de sus riquezas apoyada por un cambio en las leyes de comercio internacional que les permita desarrollarse.

Las autoridades de Bruselas prometen tratos preferentes con los países que colaboren, aumentan el dinero que se destina al blindaje de las fronteras del norte de África, y lo hacen sin pedir explicaciones. Por eso, cuando el Gobierno marroquí abandona en el desierto – una vez más- a personas que han entrado ilegalmente en su territorio, sin agua ni comida, en una zona minada o en tierra de nadie, apenas se oyen leves lamentos simbólicos que recuerden la importancia de respetar los derechos humanos.

Los gobiernos africanos son conscientes de que su doble juego funciona. Por un lado, se lamentan del trato que sus conciudadanos reciben en Europa o por las repatriaciones ilegales y, por otro, son incapaces de crear la infraestructura necesaria para que los que emigran inviertan en su país. El círculo en el que se ven atrapados los inmigrantes clandestinos es perverso, porque mientras las remesas que envían a casa sigan siendo una de las principales fuentes de ingresos, las elites que dirigen sus países no se molestarán en alterar su actual sistema de privilegio.