Por facilitar la inmigración ilegal y explotar laboralmente a trabajadores marroquíes, cuatro personas han sido detenidas en Gipuzkoa, según ha informado la Policía española a través de una nota. Al menos 35 personas habían sido empadronadas fraudulentamente en dos viviendas de Gipuzkoa desde 2019 con el fin de favorecer su regularización.

De acuerdo con el citado cuerpo, los arrestados formaban parte de una red estructurada dedicada desde hace al menos cinco años a facilitar la entrada y permanencia irregular en el Estado de ciudadanos de origen marroquí «a través de contrataciones ficticias en origen realizadas por dos empresas del sector de la construcción, una con sede en Bizkaia y otra en Gipuzkoa».

Pero esas ofertas de empleo «no respondían a una verdadera relación laboral, sino que se utilizaban como mecanismo para obtener permisos de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros que, en realidad, eran empleados en condiciones precarias para realizar trabajos al margen de las propias empresas contratantes».

Empadronamientos irregulares

La investigación comenzó tras detectarse posibles irregularidades en varios empadronamientos en una vivienda de la localidad de Irun. Según la información inicial, diferentes personas «se empadronaban en este domicilio a cambio de una contraprestación económica, pese a no residir en él». Un total de 19 personas se habían empadronado en ese domicilio de Irun y otras 16 en viviendas de Donostia, «en su mayoría extranjeros en situación irregular».

Al tomarles declaración, al menos 13 de esas personas «reconocieron haber pagado al principal investigado, identificado como J.M.L.T. y natural de Gipuzkoa, por autorizar su empadronamiento, sin que residieran realmente en dichas viviendas». Estos empadronamientos se utilizaban posteriormente para consolidar permisos de residencia y acceder a la documentación necesaria para permanecer en el Estado de manera legal.

Al menos 10 de las personas empadronadas regularizaron su situación mediante la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a contratos en origen que eran gestionados por dos empresas del ámbito de la construcción.

Estas contrataciones eran facilitadas por «Y.Z. de origen marroquí y 47 años de edad que, contactaba con personas en Marruecos, en su mayoría de una ciudad cercana a la localidad de origen de su propia esposa, y les ofrecía oportunidades laborales a través de empresas aparentemente legítimas» en el Estado.

Una vez empadronados, eran dados de alta en la Seguridad Social por breves periodos, entre 13 y 26 días, tiempo en el que, «en la mayoría de los casos, en lugar de prestar servicios para las empresas contratantes, realizaban trabajos de construcción ajenos a estas bajo la dirección de su compatriota mediador, sin ninguna vinculación con quienes les habían contratado formalmente», según la misma fuente.

Condiciones laborales «manifiestamente irregulares»

Así terminaban trabajando en unas condiciones laborales «manifiestamente irregulares: trabajaban sin control de jornada, sin cumplimiento de convenios colectivos y percibiendo sueldos muy por debajo de lo estipulado legalmente». Unas prácticas que se repetían «de forma sistemática bajo el conocimiento y la permisividad de las empresas responsables de la simulación contractual».

Siguiendo estas prácticas, J.M.L.T., Y.Z. y otras personas implicadas habrían obtenido «hasta 3.000 euros por persona por gestionar una contratación en origen, trabajos o servicios a cambio, como reformas en viviendas en Marruecos, retención de parte del salario que los trabajadores percibían y cobros directos de hasta 250 euros por facilitar un empadronamiento ficticio».

En total, se ha documentado «al menos 14 casos de contrataciones ficticias, todos ellos seguidos de empadronamientos y posteriores altas laborales sin actividad real en las empresas implicadas. También quedó acreditado que J.M.L.T. facilitó el empadronamiento a 25 personas extranjeras, sin que residieran efectivamente en los domicilios ofrecidos».