“Sufrí un derrame cerebral con daño neurológico grave después de que me golpeasen y redujesen varios policías”. Karen, colombiana de 31 años, no olvidará nunca aquella madrugada del 2 de febrero en Donostia. Esa noche había salido de fiesta con su pareja y unas amigas. Cuando la discoteca estaba a punto de cerrar se dio cuenta de que no veía a su novio. Lo encontró fuera, discutiendo con otro joven. En ese momento, una patrulla de la Ertzaintza pasó por el lugar y decidió intervenir. “Vieron que había una discusión y detuvieron a mi pareja”, explica Karen, aún indignada por lo ocurrido. El otro chico, señala, no fue arrestado. “Era blanco, y a mí eso me pareció un acto de racismo evidente, porque mi pareja, al igual que yo, es latino”.

Cuando Karen intentó preguntar por qué se llevaban solo a su pareja, no recibió ninguna explicación. En su lugar, relata, los agentes respondieron con violencia. “Dos policías me golpearon con las porras en las piernas. Luego me redujeron entre varios, me empujaron”, cuenta. “Solo estaba pidiendo explicaciones, no hice nada más que hablar. Pero me volvieron a golpear con las porras. Caí al suelo y después ya no recuerdo nada porque perdí el conocimiento”, cuenta a Público. A pesar de su estado, Karen no fue trasladada al hospital, sino llevada directamente al calabozo. Allí permaneció unas ocho horas, tirada en el suelo y sin atención médica. “Me oriné encima, no podía mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Traté de sentarme pero me caía constantemente”, explica.

Horas más tarde finalmente fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron un derrame cerebral con daño neurológico grave. “Estuve una semana en la UCI y cerca de un mes hospitalizada”, explica. Desde entonces, se encuentra en proceso de rehabilitación. El daño fue tan severo que, según le indicó su médico, necesita someterse a dos operaciones de bypass cerebral, una en cada hemisferio. “La primera me la hicieron el 15 de mayo y duró siete horas. Ahora estoy esperando la segunda”.

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Karen y su familia han interpuesto una demanda contra los agentes implicados. Sin embargo, también se enfrentan a una denuncia por parte de la propia Ertzaintza. “Dicen que mi pareja se resistió al arresto, lo cual es falso, y que yo agredí a un agente. También lo niego rotundamente”. La audiencia por la denuncia policial está programada para el 9 de julio, mientras que la suya se celebrará en septiembre. “Hasta ahora, nadie ha asumido responsabilidades, ni se han comunicado para ofrecer disculpas ni ayuda alguna”, critica.

El caso de Karen no es una excepción. Las asociaciones de migrantes denuncian que las actuaciones policiales desproporcionadas están a la orden del día. A mediados de junio, un agente de la Policía Municipal de Madrid, fuera de servicio, fue detenido por la muerte de un hombre magrebí al que asfixió durante una retención. Abderrahim de 35 años, fue inmovilizado en el suelo mediante una maniobra de sujeción por el cuello, tras un presunto robo de un móvil en Torrejón de Ardoz. A pesar de los intentos de reanimación, falleció. “Un teléfono móvil no debería costarle la vida a nadie, y mucho menos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado”, denuncia Maria Bennouna de SOS Racismo Madrid en declaraciones a Público.

Hace apenas unas semanas, la plaza Nelson Mandela, en el barrio madrileño de Lavapiés, también volvía a ser escenario de tensión entre la policía y jóvenes racializados. Lo que comenzó como una identificación rutinaria terminó con enfrentamientos, cuatro detenciones y, según ha determinado ahora la justicia, al menos un arresto ilegal. Un joven guineano de 26 años fue reducido violentamente por agentes de la Policía Municipal mientras grababa con su teléfono móvil la actuación policial, acabó perdiendo el conocimiento en la retención y fue trasladado a comisaría. Al día siguiente, tras analizar varios vídeos sobre lo sucedido, una jueza ordenó su puesta en libertad y reconoció que los agentes “se extralimitaron” en su actuación, ordenando además la apertura de un procedimiento para investigar si incurrieron en un delito.

Ese mismo día, en la cercana calle Mesón de Paredes, se produjo otro incidente. Dos agentes de la Policía Nacional inmovilizaron a otra persona migrante, mientras un tercero le exigía desbloquear su teléfono móvil y comenzaba a borrar los vídeos que éste había grabado.

Público se ha puesto en contacto con la Ertzaintza, Policía Nacional y el Ministerio de Interior sin obtener respuesta antes de la publicación de este artículo.

España no cuenta con datos sobre violencia policial desagregados por nacionalidad, por lo que resulta muy complicado poder cuantificar cuántos casos se dan de este tipo cada año. Si bien, organizaciones como SOS Racismo Madrid insisten en que estos hechos se han convertido en una práctica común. “Son situaciones que quienes vivimos y trabajamos en el barrio madrileño de Lavapiés vemos a diario. La Policía, como parte de una estructura estatal, opera dentro de un sistema marcado por el racismo estructural e institucional. Por eso, las formas de opresión y violencia que ejerce sobre los cuerpos racializados se repiten constantemente”, explican desde el movimiento.

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Una activista de SOS Racismo durante una manifestación contra el acoso policial, en la plaza de Lavapiés, a 22 de abril de 2023, en Madrid (España).
Según Bennouna, la actuación policial en estos contextos no responde únicamente a criterios de seguridad, sino a una forma de control social que “extranjeriza” a los cuerpos no blancos, reforzando la idea de que estas personas son peligrosas o problemáticas. “Cuando vemos a un policía detener a un joven negro en la calle, ya ni nos sorprendemos. Está normalizado. Y eso es grave”, denuncia.

Esa naturalización de la violencia se agrava cuando las consecuencias son mortales. En lo que va de año, al menos dos migrantes han muerto en actuaciones policiales en plena calle en España. Además de la muerte de Abderrahim en Torrejón de Ardoz (Madrid), el pasado mayo Abdoulie Bah, de 19 años, moría abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Abdoulie que sufría problemas de salud mental deambulaba por la zona portando “un cuchillo de considerables dimensiones”. Los agentes de la Policía Nacional le dispararon cinco veces, incluyendo un tiro en el cuello, que provocó su muerte. La familia y las organizaciones en defensa de los migrantes denuncian que no se utilizasen otras medidas de contención no letales.

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Un agente de la Policía Nacional en noviembre de 2023.
También a finales de 2024 perdía la vida Mamouth Bakhoum, de 43 años, vendedor ambulante ocasional y trabajador eventual en otros oficios. El mantero de origen senegalés murió ahogado en el Guadalquivir tras arrojarse al río mientras era perseguido por agentes de la Policía Local. La justicia archivó el caso.

“A diferencia de la movilización social masiva que se produjo hace cinco años tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, en España hay una tendencia preocupante a culpabilizar a las víctimas. Los españoles ven el racismo de fuera, como el de EEUU, pero les cuesta aceptar que España también es un país muy racista”, denuncia Bennouna.

Juanjo Medina, coordinador del Grupo de Estudios Policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y catedrático honorífico de la Universidad de Manchester, asegura a Público que España tiene “un problema de racismo institucional”, ya que “determinados procedimientos y prácticas generan resultados que contribuyen a las desigualdades que sufren estos colectivos”.

Medina subraya que el primer paso sería reconocer, desde dentro de los propios cuerpos policiales, la existencia de ese racismo institucional. Como ejemplo, cita el caso del Reino Unido, donde la asociación de jefes de policía británicos ha reconocido públicamente este problema. Lo siguiente, según él, sería “desarrollar políticas y prácticas para abordarlo”, por lo que se necesitaría “contar con datos fiables” sobre la violencia policial a migrantes y hacerlos públicos. “En España, nuestro Ministerio del Interior sigue sin publicar datos sobre identificaciones policiales desagregadas por nacionalidad o equivalente. En Reino Unido, que es el mejor ejemplo, llevan años recopilando y difundiendo esos datos”, explica.

“Sin visibilizar la magnitud del problema, es difícil avanzar. Necesitamos una estrategia nacional de gestión de la diversidad en el ámbito policial”, demanda.