El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central han alcanzado un acuerdo para la atención de los menores migrantes no acompañados que están en las islas y han solicitado asilo. El acuerdo llega después de que el Tribunal Supremo estableciera en un auto que el Estado debe integrarlos en los recursos de protección internacional.

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha hecho este anuncio tras una reunión telemática con representantes del Gobierno de España. Así, se ha acordado el itinerario y los pasos a seguir para la atención de los menores, un compromiso que ha calificado como “muy positivo”.

La directora general de Protección de la Infancia ha explicado que se va a anteponer “el interés superior del menor”, estudiando cada expediente y decidiendo cada caso según la situación personal de los menores.

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Por ahora, de los cerca de 1.200 menores iniciales, hay 827 menores con toda la documentación correcta, puesto que están incluidos en las bases de datos de ambas administraciones, mientras que hay 367 que no están en la base de datos del Ministerio del Interior.

Canarias ha ido remitiendo oficialmente la documentación de todos los menores con solicitud de protección internacional y la plaza o lugar en la que le correspondería tener el asilo, pero en algunos casos es necesario depurar las bases de datos que mantiene Canarias y el Ministerio del Interior para resolver esas discrepancias.

A partir de ahora, se creará un comité interadministrativo que se reunirá cada martes desde la próxima semana y que se encargará de determinar la plaza más adecuada en el territorio español para cada menor, una plaza que excepcionalmente puede ser en Canarias si supone velar por el interés superior del menor.

Cada menor tiene un proyecto migratorio que puede ser seguir hacia otro lugar o permanecer en Canarias, ha apuntado.

Para la primera reunión del comité interadministrativo, las partes se han comprometido a tener 250 expedientes listos para el traslado a corto plazo de estos menores “en cuanto el Estado nos diga adónde y en qué dispositivo transitorio”, ha dicho Sandra Rodríguez.

En todo caso, ha asegurado que Canarias no puede seguir soportando sola esta presión como ha venido soportando a lo largo de estos años.

“Ha habido momentos en los que se nos ha estado exigiendo incluso documentación más allá de lo estrictamente establecido en la ley”, pero “ya hemos conseguido dejar claro que no se nos puede pedir más”, ha señalado la directora general.

Sandra Rodríguez ha garantizado que la Comunidad Autónoma seguirá luchando “por el derecho que tienen estos menores a esa plaza de asilo”, que es independiente del reparto que pueda producirse por la modificación de la ley de extranjería.