La industria armamentística mundial nunca olvidará aquella fecha: abril de 2011. En plena crisis económica, el por aquel entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que el gasto en defensa disminuiría ligeramente su ritmo de crecimiento. No se trató de un recorte, sino de una desaceleración del gasto militar en un país, Estados Unidos, que representa casi el 50% del presupuesto global en defensa. Por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, el gasto militar mundial se contrajo. Otros países, como Francia, Reino Unido, Alemania o España también dieron pasos similares y anunciaron recortes.

Las empresas de armas reaccionaron rápido y renovaron sus estrategias: apostaron por la diversificación geográfica y de clientes; es decir, aumentaron sus ventas a países como Arabia Saudí o Israel, y redujeron su exposición a los presupuestos militares para centrarse en un nuevo objetivo: los mercados civiles.

El concepto ‘tecnología militar de doble uso’ empezó a popularizarse; y algunos fabricantes de tanques empezaron a vender maquinaria agrícola. Fincantieri, Saab, Hyundai y Navantia siguieron vendiendo buques militares, pero aprovecharon el filón de los barcos pesqueros. Indra, conocida por sus sistemas de misiles, impulsó los servicios de recuento electoral y el desarrollo de webs —como la página de Renfe—. Fue entonces cuando nació un nuevo negocio, hoy día vital para estas compañías: las fronteras. La militarización del control migratorio y la fortificación de vallas fronterizas emergió como la apuesta más rentable, segura y duradera para una industria armamentística adicta al crecimiento constante y al dinero público.

La lucha contra los flujos migratorios irregulares se convirtió en la nueva gallina de los huevos de oro. La militarización de fronteras brindaba perspectivas prometedoras: ofrecía un enemigo claro, sin altavoces para defenderse y fácil de criminalizar; tenía carácter de urgencia, perfectamente adaptable a los planes cortoplacistas de los partidos políticos; encajaba a la perfección en un contexto marcado por el auge de los discursos nacional-populistas que azuzaban el fantasma de la invasión extranjera y blandían la ‘seguridad fronteriza’ como prioridad frente a problemas como el desempleo, la desigualdad o los recortes sociales. Este fue el prólogo de la historia de la industria del control migratorio, cuyos actores principales en la actualidad son las compañías de defensa, pero también las empresas constructoras, las aerolíneas o las corporaciones tecnológicas.

Fronteras, buques de guerra y Frontex
En Europa el primer capítulo empezó con fuerza en 2015, en la mal llamada ‘crisis de los refugiados’. Gobiernos tanto conservadores como progresistas, comandados y respaldados por la Comisión Europea, inyectaron miles de millones de euros a la industria militar para erigir muros fronterizos desde Grecia y los Balcanes (Macedonia del Norte, Serbia, Bosnia) hasta Hungría. Europa, antaño orgullosa por la caída del muro de Berlín, se volcaba ahora en la construcción masiva de vallas equipadas con tecnología militar puntera. En 2014 había 314 kilómetros de muros fronterizos en Europa; actualmente hay más de 2.000.

A medida que Europa blindaba sus fronteras orientales en Grecia y los Balcanes, miles de familias que migraban sin alternativa segura fueron buscando otras vías para llegar al viejo continente en busca de paz y seguridad. Primero lo hicieron por el Mediterráneo central, tratando de alcanzar Italia desde Libia y Túnez. La isla italiana de Lampedusa llenó portadas de todo el mundo y se convirtió en un punto caliente de los flujos migratorios. En 2016 más de 181.000 personas lograron llegar a Italia. Los países europeos desplegaron buques de guerra y Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, pasó de tener 70 trabajadores a convertirse en uno de los organismos más poderosos de la Unión Europea.

En 2014 había 314 kilómetros de muros fronterizos en Europa; actualmente son más de 2.000

La militarización de las fronteras terrestres y marítimas en el este y el centro del Mediterráneo desplazó las rutas migratorias más al oeste, el sur de España. Una vez más, la industria del control migratorio se frotó las manos. Las empresas de defensa empezaron a descorchar sus mejores botellas de Champagne al mismo tiempo que el discurso del odio y la xenofobia se extendía por Europa y las personas migrantes se convertían en el nuevo enemigo a abatir.

En 2019, Frontex se convirtió en el primer cuerpo armado y uniformado de la Unión Europea e inició un proceso para contratar a 10.000 agentes fronterizos. Tal y como explicó a Público el exdirector adjunto de Frontex durante más de 15 años, Gil Arias, los casos de corrupción empezaron a brotar en su seno y los derechos humanos quedaron relegados a un segundo plano.

Lo que pasó después no es ningún secreto: con las rutas migratorias del este y el centro del Mediterráneo militarizadas como nunca antes, el movimiento de personas hacia Europa se desplazó hacia el oeste, empezando por el Estrecho de Gibraltar.

En 2018 llegaron a España más de 64.000 personas que huían de la guerra, el hambre y la persecución por razones políticas, religiosas o de orientación sexual. El gobierno de Mariano Rajoy dio paso al de Pedro Sánchez, que dio continuidad al creciente gasto en militarización de fronteras y control migratorio. Se construyeron nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros, donde se priva de libertad a personas migrantes sin que hayan cometido ningún delito; aumentaron los vuelos de deportación y se reforzaron las dotaciones terrestres y acuáticas de Guardia Civil y Policía Nacional, entre otros. El bloqueo de Melilla, Ceuta y el Estrecho volvió a desplazar los flujos migratorios más al oeste, hacia las Islas Canarias, que en los últimos cuatro años han registrado un récord histórico en el número de llegadas de cayucos procedentes de Marruecos, Mauritania y Senegal.

España, laboratorio de la militarización de fronteras
Indra es una de las joyas de la corona de la industria militar española. Este fabricante de sistemas de misiles y equipamiento de vehículos militares —como los famosos Leopard y VCR Dragón— está detrás del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red de un centenar de radares localizados en el litoral de la península y Canarias. Estas estaciones están equipadas con sensores térmicos, cámaras avanzadas y otros dispositivos militares desarrollados por empresas de armas como Escribano, Thales y ATOS. Desde 2002, la Guardia Civil opera con esta tecnología de Indra para detectar pateras y cayucos.

La compañía afirma en sus catálogos de ventas que el SIVE es capaz de detectar un pedazo de madera de un metro cuadrado en cualquier punto del Mar de Alborán. Indra no responde a por qué, a pesar de esa capacidad, sigue creciendo el número de fallecidos entre quienes tratan de alcanzar las costas españolas. Desde hace más de 20 años, España es el campo de pruebas en el que compañías armamentísticas como Indra testean su tecnología. Actualmente esta compañía ya vende los radares del SIVE a gobiernos de todo el mundo, desde Portugal y Rumanía hasta China.

En febrero de este año el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Melilla para ver en primera persona los avances de la nueva ‘frontera inteligente’. Las cinco vallas que rodean el perímetro fronterizo el perímetro fronterizo de este enclave español ya cuentan con tecnología militar suficiente para inspirar una nueva saga de la serie Black Mirror: detectores de pasos, cámaras térmicas, drones autónomos e incluso aspersores de gas pimienta. La valla de Melilla forma ya parte del imaginario colectivo, pero la ciudadanía melillense todavía recuerda cómo era la vida cuando esa construcción de acero no existía.

Desde hace más de 20 años España es el campo de pruebas en el que compañías armamentísticas como Indra testean su tecnología

España es pionera en la militarización de fronteras. La industria armamentística nacional fue de las primeras en entender el enorme potencial de negocio del control migratorio. A causa de esa visión adelantada, las empresas militares y de seguridad españolas han logrado una posición privilegiada en el mercado mundial del control migratorio.

El ejemplo más paradigmático es el de Mora Salazar, una empresa familiar de Málaga que a finales de los años 90 construía guardarraíles y pequeñas barreras de seguridad para jardines o para evitar que los niños cayeran a la piscina. Sus ingresos se dispararon cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le adjudicó la instalación en las vallas de Ceuta y Melilla de sus “sistemas de protección de seguridad pasiva”.

Así denomina a las concertinas, mallas de acero galvanizado dotadas de cuchillas afiladas capaces de amputar miembros e incluso provocar la muerte. Tal fue el éxito de sus concertinas que ahora Mora Salazar tiene una filial global, European Security Fencing, con oficinas en Bruselas y Berlín, y con una cartera de clientes gubernamentales que abarca más de 30 países de todo el mundo.

La nueva moda en el sector: la externalización de fronteras
Con las fronteras de Europa blindadas por cielo, mar y tierra, y en un escenario político plagado de gobiernos conservadores y de extrema derecha, la industria armamentística siguió apostando por el mercado emergente de la industria del control migratorio.

La nueva moda del sector es conocida como ‘externalización de fronteras’, y consiste en subcontratar a regímenes de África y Oriente Medio para que ejerzan de guardianes fronterizos. Como contraprestación, estos gobiernos —a menudo dictaduras y milicias armadas— reciben grandes sumas de dinero y una ingente cantidad de equipamiento militar suministrado, una vez más, por las empresas de armas.

La externalización de fronteras es una prioridad de la Comisión Europea para el periodo 2023-2027. Esta práctica no es nueva, pero pasó de ser un plan secundario a adquirir categoría de ‘primera división’ durante la llamada “crisis de los refugiados”.

A principios de 2016, la Unión Europea transfirió 6.000 millones de euros a Turquía para que impidiera la salida de personas migrantes hacia Grecia con todos los métodos a su alcance. Desde entonces reciben transferencias multimillonarias y todo tipo de equipamiento militar muchos otros Estados al sur de Europa, entre ellos Marruecos, Túnez, Mauritania, Senegal, Egipto y Libia. Una vez más, España destaca como alumna precoz de una política que ahora está normalizada y extendida.

España empezó a externalizar el control de sus fronteras de forma significativa en 2006, coincidiendo con la llamada “crisis de los cayucos”. Desde entonces, un centenar de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional están desplegados en Mauritania y Senegal, equipados con helicópteros, embarcaciones, quads, vehículos especiales y dispositivos de telecomunicaciones. “Los esfuerzos de todos deben centrarse en desarrollar una política migratoria preventiva, basada en la cooperación con países de origen y tránsito, con fines preventivos”, reconoció el ministro Marlaska en el Congreso Mundial de Seguridad Fronteriza, celebrado en Madrid el pasado mes de marzo.

España usa una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la FIAP (hasta febrero de este año llamada FIIAPP) para comprar equipamiento militar y policial que después entrega a los gobiernos africanos que cooperan en la represión violenta de los flujos migratorios. De hecho, el uso de agencias de cooperación para encubrir transferencias militares antimigratorias es un invento del Gobierno español que también están replicando otros países, como Italia, Alemania, Francia y Austria, entre otros.

Entre las cinco empresas que más dinero facturan a la FIAP destaca Fieldsports, con sede en Malta, cuyo dueño fue acusado de suministrar material militar a Gadafi y de violar así, el embargo de armas sobre Libia. También figura Star Defence Logistics & Engineering, que ha sido sancionada varias veces por amañar contratos públicos del Ministerio de Defensa.

En el ranking también aparece UROVESA, fabricante de vehículos militares que produce el URO VAMTAC, blindado de referencia en el Ejército de Tierra español. A través de la FIAP, España ha regalado numerosos URO VAMTAC a los gobiernos de Níger, Mali, Senegal y Mauritania, entre otros, para que luchen contra la inmigración irregular. La FIAP oculta los detalles de estas y otras licitaciones y alega razones de “seguridad nacional”. Varios de estos contratos, relativos a la compra de drones para Mali, están siendo investigados en el esquema de corrupción conocido como ‘caso Mediador’.

Al menos desde finales de 2023, varios de estos vehículos militares han caído en manos de yihadistas de JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel, y los mercenarios rusos del Grupo Wagner, según un informe de inteligencia al que tuvo acceso la Fundación porCausa.

La lista de escándalos no acaba ahí. En 2024 una investigación internacional demostró que Mauritania y Marruecos usan el equipamiento que le suministra España para detener a migrantes y abandonarlos en mitad del desierto. La FIAP reconoce que no tiene mecanismos para supervisar qué hacen los gobiernos africanos con el material policial y militar que les entrega, pero afirma –sin aportar pruebas– que en todo momento se respetan los derechos humanos. Precisamente en Senegal, el Gobierno empleó estos mismos vehículos blindados, regalados por España, para reprimir con violencia la ola de protestas pacíficas que estalló en el país cuando el presidente Macky Sall decidió que no celebraría elecciones. Más de 60 personas, la mayoría jóvenes, murieron a manos de gendarmes senegaleses armados y equipados por España.

A mediados de mayo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, inauguraron en Madrid la IV edición de FEINDEF, la mayor feria de armas de España. Los organizadores afirman que esta ha sido la edición más multitudinaria hasta la fecha. No eran ni las 13:00 cuando miles de ejecutivos de la guerra y militares de alto rango empezaron a descorchar las primeras botellas de cava y vino. Entre los asistentes imperaba un ambiente de alegría. La industria armamentística brinda por el rearme de Europa, auspiciado por Trump y la OTAN, y la militarización de fronteras. ◼