COMO venían en pateras a las playas andaluzas, que era lo que les pillaba más cerca, creamos un avanzado sistema de vigilancia costera (SIVE). Luego intentaron saltar a cuerpo descubierto las vallas que separan los territorios españoles en África de Marruecos. Y subimos unos metros la empalizada, y le añadimos un millón de metros de alambre de diseño bélico para evitar intrusos.

Ahora que la costa mediterránea y la entrada por Ceuta y Melilla están acorazadas, se lanzan en cayucos, que son pateras de las de siempre pero más grandes, hacia Canarias. Ya van 20.000 este año. Los ingenieros deben andar estudiando cómo poner alambradas en el mar, en torno al Archipiélago. A ver si así se van hacia Madeira, las costas portuguesas o italianas y escurrimos el bulto.

Mientras, el Gobierno español ha lanzado una «ofensiva diplomática» a negociar en dos frentes igual de preocupados por el problema ajeno: las autoridades de los países exportadores de mano de obra, que no tienen ningún interés por retener a sus conciudadanos bajo su tutela. Y Europa, que le cuesta rascarse el bolsillo porque la cuestión sigue sin verse como un problema global del primer mundo.

La inmigración clandestina es, como tantos otros, un problema de dinero. De los fondos que los ‘pepitos – grillo’ de las ONG piden para hacer posible el desarrollo en origen, que haría remitir el fenómeno. En definitiva, del impuesto que la UE tendrá que pagar quiera o no para que quienes gobiernan las naciones más pobres del mundo pongan algo de interés por el paradero de sus súbditos.