El Tribunal Supremo de EEUU ha permitido este lunes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudar las expulsiones de personas migrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, lo que supone un respaldo a la política antimigratoria la Casa Blanca y su campaña de deportaciones masivas.

La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho personas migrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran dos cubanos y un mexicano.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha declarado que tras la decisión del Supremo el Gobierno Trump “ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los migrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos. “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, ha expresado la funcionaria, tras aplaudir la votación de seis a tres, en la que solo las tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones a terceros países.

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En una breve orden no firmada, el Supremo ha suspendido la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, que el mes pasado determinó que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a ocho personas migrantes a un país donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho migrantes y 11 agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones “deplorables”.

En su alegato frente al Supremo, el Gobierno de Trump sostuvo que los migrantes enviados a terceros países cometieron crímenes “monstruosos” y que sus propios países no habían querido recibirlos. De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.

La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo. El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.

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El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”. Para acelerar esta política, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.

El Gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados. Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo que no ha sido mostrado al público para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de seis millones de dólares.