Donald Trump articuló su campaña presidencial en torno a un discurso antimigración, prometiendo que, si regresaba al poder, reinstauraría de forma exponencial la estricta política migratoria que caracterizó su primer mandato hace ocho años. Como si esa política se hubiese marchado alguna vez durante la presidencia de Joe Biden. Así, para regocijo de los seguidores más fieles del MAGA, el magnate centró buena parte de sus mítines en anunciar deportaciones masivas, redadas en centros de trabajo y escuelas, expulsiones expeditivas y el desmantelamiento del sistema de asilo estadounidense.

La retórica antinmigración no solo es uno de los temas preferidos de Trump, sino que es uno de los elementos más comunes entre las principales formaciones de extrema derecha. Prácticamente, todas las organizaciones de este heterogéneo ambiente político apuntan a los inmigrantes, preferentemente pobres y “no occidentales”, como chivo expiatorio de una supuesta degradación socioeconómica y cultural. En este contexto, las expulsiones, las redadas, los muros… no son solo un elemento eficaz de propaganda política inmediata que permite visibilizar el “trabajo” concreto de los gobiernos, también son un potente instrumento simbólico a la hora de construir un imaginario de exclusión entre la “comunidad” y la alteridad, los “extranjeros”. El muro es un símbolo arrollador que se ha convertido en un icono de “preferencia nacional” generador de identidades de exclusión, pero también de protección de la comunidad.

Así, desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha desplegado una política de mano dura sin precedentes. Solo en su primer mes firmó 42 órdenes ejecutivas —la misma cifra que Biden en sus primeros cien días— con la migración como protagonista en buena parte de ellas. Desde el envío de miles de tropas a la frontera bajo un declarado “Estado de emergencia”, hasta la aplicación de una ley forjada en tiempos de guerra, su Gobierno ha promovido un paquete de medidas que no solo busca frenar los flujos migratorios en la frontera sur, sino también expulsar a millones de personas, aunque sus países de origen ya no sean lugares seguros para el retorno.

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FOTODELDIA LOS ÁNGELES (Estados Unidos) 10/06/2025.- Varios manifestantes se manifiestan en frente de la Guardia Nacional que protege un edificio federal en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles para controlar las protestas por las redadas migratorias supone una orden inédita en el país en 33 años. A eso se suma el que el neoyorquino la adoptara sin aprobación del gobernador local, algo no visto desde 1965. EFE/ Allison Dinner
Esta política ha generado un clima de miedo y hostigamiento entre la población migrante en EEUU, con consecuencias tan trágicas como el suicidio de Jocelynn Rojo Carranza, una niña de once años, tras sufrir acoso escolar por parte de compañeros que amenazaban con denunciar a su familia para provocar su deportación. Ante este acoso sistemático, han surgido respuestas desde sectores diversos: comunidades religiosas, sindicatos y organizaciones de derechos civiles. Recientemente, el candidato demócrata a las primarias de Nueva York, Brad Lander, fue detenido en una corte de inmigración en Manhattan mientras acompañaba a un migrante fuera del edificio.

Sin embargo, ha sido en Los Ángeles —la segunda ciudad con más residentes mexicanos después de Ciudad de México— donde ha estallado la chispa de la revuelta contra Trump. El detonante: la detención del sindicalista de origen mexicano David Huerta mientras protestaba por una redada en una empresa textil del centro de la ciudad. La extensión de las protestas obligó a Trump a tomar una decisión inédita: desplegar efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento previo del gobernador del Estado, Gavin Newsom. Esta acción provocó un efecto dominó: más de treinta ciudades registraron movilizaciones, ya no solo contra la política migratoria, sino también contra la deriva autoritaria expresada en la militarización de Los Ángeles.

Así nació el movimiento No Kings, que tomó las calles coincidiendo con el cumpleaños del propio Trump, con más de 2.000 protestas simultáneas en los 50 estados, denunciando los ataques a los derechos civiles, el encarecimiento de la vida, las desapariciones, los secuestros y el desmantelamiento de servicios públicos esenciales. La presión fue tal que la Casa Blanca se vio obligada a responder públicamente, negando que Trump actuara como un monarca, en una suerte de excusatio non petita, accusatio manifesta.

Pero no solo migrantes, sindicalistas, sectores de la Iglesia y organizaciones de derechos civiles han alzado la voz contra la política migratoria de Trump. También los empresarios de los sectores agropecuario, servicios y construcción se han sumado a las críticas ante las pérdidas millonarias provocadas por las redadas. Demostrando una vez más que los empresarios necesitan la mano de obra migrante para mantener sus negocios, pero la necesitan sin derechos para ampliar sus beneficios.

En EE. UU., los migrantes en situación administrativa irregular representan entre el 5% y el 6% de la fuerza laboral total, concentrándose especialmente en sectores precarizados: 13% en construcción, 19% en jardinería y hasta un 40% en agricultura. Según la American Business Immigration Coalition (ABIC), si las deportaciones masivas continuaran, la producción agrícola podría reducirse entre 30.000 y 60.000 millones de dólares. Además, supondría un coste único de 315.000 millones de dólares para los sectores económicos que dependen de esta mano de obra barata.

De hecho, el propio Trump ha tenido que reconocer, en su red Truth, que su política migratoria está afectando a sectores clave como la agricultura, la hostelería y el ocio: “Nuestra política migratoria muy agresiva está alejando a muy buenos trabajadores de muchos años, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar”. La presión empresarial ha llevado a la administración Trump a ordenar al ICE la suspensión de sus operaciones en industrias consideradas esenciales. La directiva incluye la pausa de investigaciones y redadas en centros de trabajo agrícola, plantas cárnicas, restaurantes y hoteles.

Esta pausa refleja la preocupación del Gobierno por el impacto negativo en sectores estratégicos y su posible coste electoral en estados clave para las elecciones de medio mandato. En California, epicentro de las protestas, la agricultura depende casi por completo de la mano de obra migrante. Así, la suspensión temporal de las redadas no solo supone un revés retórico al trumpismo, sino que, como ya ocurrió con los aranceles, sugiere un nuevo resquebrajamiento de la fracción de la burguesía sobre la que Trump sustentó su victoria en las pasadas elecciones.

La política migratoria de Trump no solo supone un elemento eficaz de propaganda para su base social, permitiendo construir identidades predatorias basadas en n una lógica nativista arraigada en la historia contemporánea de Norteamérica. Sino también, al igual que los aranceles, como una forma retórica de recuperación de la idea de soberanía (recuérdese el famoso lema del Brexit de “tomar el control”). En este sentido, la politóloga californiana Wendy Brown señala que las referencias de Trump al muro con México intentan “restañar las heridas de una soberanía lesionada por el asalto neoliberal”. Por ello, más allá de la pausa temporal, el encaje de una reconfiguración de la política migratoria, modulando la presión en función de los intereses de un empresariado extremadamente dependiente de una mano de obra sin derechos, tiene tan difícil solución para Trump. Su “populismo de los muros” puede chocar ya no solo con las resistencias sociales sino también con los intereses empresariales.