Madrid. - La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, aseguró ayer, en la inauguración de la IV Conferencia de
Embajadores, que España actuará con toda firmeza ante el problema de los
«sin papeles» y que no tolerará la llegada de inmigrantes ilegales.
Comunicó a los diplomáticos que transmitan a los países de origen que
España «no les va a permitir que incumplan los acuerdos bilaterales».
La vicepresidenta, quien con sus declaraciones incurrió en una grave
contradicción con lo manifestado la víspera por Zapatero, habló de la
sensibilidad con que el Gobierno afronta el problema humanitario derivado
de la inmigración. No obstante, se mostró implacable con los que llegan
ilegalmente: «Deben saber que más tarde o más temprano saldrán de España»,
enfatizó. En cambio, quiso dejar claro que la inmigración legal no es un
problema y que el desafío es gestionar una diversidad creciente con vistas
a evitar el racismo y la xenofobia.
Fernández de la Vega señaló que
que el fenómeno migratorio es un ejemplo de cómo un problema interior no
puede resolverse «sin una activa acción exterior ni sin un buen
funcionamiento de los mecanismos de la cooperación internacional». Repitió
que la UE debe interiorizar este problema como algo propio y no como una
situación que afecta sólo a los países del sur.
Por
su parte, el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expuso la
consideración de que la necesidad y el hambre no tienen fronteras. Este
es, en su opinión, el motivo por el que los países receptores están
obligados a racionalizar y gestionar, de manera corresponsable, el control
de flujos y la inmigración, tanto legal como ilegal. Al mismo tiempo,
defendió la necesidad de impermeabilizar las fronteras, actuar contra las
mafias y agilizar los mecanismos de repatriación para abordar «uno de los
retos globales que requiere de una mayor unidad de acción internacional».