LUIS AYLLÓN

MADRID. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó ayer su intervención ante los embajadores de España reunidos en Madrid para lanzar el mensaje de que el Ejecutivo está decidido a ser más duro con la inmigración irregular y con los países de los que procede la misma. «No vamos a tolerar que sigan llegando», advirtió, el mismo día que las costas canarias registraban otra oleada de cayucos, que estos días alcanza la mayor intensidad del año.

Los 123 embajadores que acababan de asistir a la inauguración por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de la IV Conferencia de Embajadores, pudieron comprobar que el problema de la inmigración es uno de los que más seriamente preocupan al Ejecutivo. La intervención de la vicepresidenta ocupó una parte muy sustancial de su discurso y fue bastante contundente al referirse a las llegadas masivas de inmigrantes a las costas españolas.

Sí a la inmigración legal y ordenada

Aseguró que el Gobierno es muy cuidadoso a la hora de gestionar el problema humano que representa la inmigración, pero al propio tiempo dijo: «Es necesario que pongamos fin a la inmigración irregular» y que sólo haya «una inmigración legal y ordenada».

«En consecuencia – enfatizó – , también es necesario hacer saber a los países de origen de los inmigrantes que estas semanas están arribando a nuestras costas que no vamos a tolerar que sigan llegando, que no vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados y que estamos dispuestos a actuar con toda firmeza».

Por si el mensaje no había quedado claro, subrayó, con la evidente intención de que los embajadores afectados lo transmitieran en las capitales en las que están acreditados: «Todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España. Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan».

La vicepresidenta, que ha tenido que hacer intensas gestiones en los últimos meses ante la Unión Europea para buscar apoyos contra la inmigración irregular, dejó traslucir en qué medida el Ejecutivo se siente defraudado por la respuesta obtenida. Así, reconoció que tras el toque de atención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Hampton Court hace un año «se ha avanzado algo, pero no lo suficiente ni al ritmo deseable». De la Vega, que consideró que «un fracaso en este ámbito puede conducir a una seria regresión en el ideal de una Europa más unida», reclamó mayor solidaridad entre los Estados miembros y aseguró que esa es «una auténtica prueba de fuego de la capacidad de la Unión para convertirse en una verdadera entidad política».

Moratinos: «Repatriación más ágil»

La vicepresidenta también señaló que la inmigración legal no es hoy un problema en España y dijo lamentar que algún grupo político «por oportunismo» haya «identificado inmigración con delincuencia», algo que el Gobierno achaca al PP. De la Vega estima que el desafío en este ámbito es «gestionar una diversidad creciente con vistas a evitar el racismo y la xenofobia».

Por su parte, Moratinos insistió en la necesidad de que los países gestionen conjuntamente el control de flujos migratorios y no como una realidad nacional o aislada, para poder dar así respuestas «eficaces, pragmáticas y flexibles». «Al mismo tiempo – dijo – debemos impermeabilizar nuestras fronteras, intensificar la lucha contra las mafias que trafican con personas y agilizar los mecanismos de repatriación».
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