El empleo ha dejado de ser sinónimo de estabilidad. Tener trabajo ya no es garantía de poder pagar el alquiler, llenar la nevera o afrontar con tranquilidad la crianza de hijos e hijas. Así lo denuncia Caritas Bizkaia en su memoria anual de actividad correspondiente a 2024, que constata una precariedad laboral estructural que afecta a personas con empleo, pero sin condiciones dignas. “Para muchas familias, el acceso al empleo ha dejado de garantizar una estabilidad económica”, subrayó Ana Sofi Telletxea, responsable de departamento de Análisis y Desarrollo de Caritas.

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12.000 pertsona baino gehiago artatu dira gero eta konplexuagoak diren egoeretan https://t.co/ldZPfJ3Zka#EtorkizunariBegira#Alkarregaz#memoria#txostenapic.twitter.com/toUC3Ownel— Caritas Bizkaia (@caritas_bizkaia) 18 de junio de 2025

Según la organización, este fenómeno no es aislado ni reciente. La cronificación de trabajos mal pagados, temporales o a tiempo parcial está consolidando una nueva forma de pobreza: la del trabajador pobre. Un perfil que se repite en muchas de las 12.096 personas atendidas el año pasado: personas que trabajan pero no llegan a fin de mes, ni pueden acceder a vivienda estable, ni a prestaciones complementarias.

Este escenario desdibuja uno de los grandes pilares del modelo social: la promesa de que el empleo saca de la pobreza. Caritas advierte de que el sistema actual produce empleo, pero no siempre genera condiciones de vida dignas. De hecho, muchas de las personas acompañadas por la entidad tienen alguna relación con el mercado laboral, pero viven situaciones de exclusión igual o más complejas que quienes están en desempleo. “La exclusión social no es solo la falta de trabajo, sino la acumulación de factores que impiden una vida digna”, explicó Ana Sofi Telletxea.

Uno de esos factores es la inestabilidad del empleo, con contratos cortos, jornadas incompletas, condiciones abusivas o falta de derechos laborales. En muchos casos, a eso se suma la imposibilidad de acceder a vivienda en el mercado libre y los obstáculos burocráticos para empadronarse, lo que a su vez limita el acceso a ayudas o servicios públicos.El perfil de quienes sufren esta “precariedad con empleo” es variado, pero hay patrones comunes. Muchas veces se trata de mujeres con hijos a cargo, empleadas en sectores feminizados y mal remunerados como los cuidados o la limpieza. También aparecen jóvenes sin red familiar, personas migrantes o adultos que, tras años en paro, aceptan cualquier trabajo por necesidad. “Queremos constatar que la precariedad es la norma para un gran número de personas”, insistieron las dirigentes de la organización.

Esto se traduce en vidas al límite, con ingresos que se esfuman en alquileres desorbitados, gastos básicos o deudas acumuladas. En este contexto, la organización recuerda que el empobrecimiento no es solo económico, sino también vital y relacional: genera fatiga, inseguridad, estrés permanente y pérdida de horizonte.

La memoria de Caritasapunta a un problema estructural: el modo en que está organizado el sistema económico y social está generando pobreza desde dentro del propio mercado de trabajo. La entidad insiste en que los mecanismos que provocan exclusión no se deben a fracasos individuales, sino a un modelo que prioriza la rentabilidad por encima del bienestar de las personas. “La exclusión social surge de la conexión de múltiples factores que, cada uno por separado, ya suponen un problema”, apuntó Telletxea.

Por eso aunque el informe agrupe por separado, se insistió en que en la vida real todas esas dimensiones se entrelazan y se retroalimentan, generando escenarios de precariedad cada vez más complejos. El empleo ya no es una tabla de salvación, sino muchas veces una trampa que impide mejorar, porque muchas veces consume tiempo, salud y energía sin garantizar estabilidad.

Cambio de modelo Caritas Bizkaia concluyó que hay repensar el valor del trabajo y promover políticas que garanticen empleo digno, derechos laborales efectivos y protección social vinculada a las necesidades reales de las personas. Para ello, la entidad pide a las instituciones avanzar hacia un modelo más justo, que priorice la sostenibilidad vital frente a la precariedad productiva, para que la gente con pocos recursos salga adelante.

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