El último informe publicado por Caminando Fronteras advierte de que entre enero y mayo 1.865 personas migrantes han fallecido tratando de alcanzar las Islas Canarias y la Península Ibérica. De ellas, 342 eran niños y niñas.

Según el documento, la ruta que más víctimas se ha cobrado ha sido la canaria, donde han fallecido 1.482 personas: 54 realizaban la Ruta Agadir-Dajla, 1.318, la Ruta Mauritana; y 110 la Ruta Senegal-Gambia.

Estas rutas forman la denominada Ruta Atlántica, que mantiene un «elevado porcentaje de desapariciones, consolidando un patrón de mortalidad invisible, y del que son ejemplo de nuevo la llegada de cayucos a las costas de América Latina».

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Caminando Fronteras ha recordado ha remarcado que 38 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo en aguas del Atlántico y del Mediterráneo, y se han documentado cayucos hallados en Brasil y Trinidad y Tobago, «situaciones en las que las personas fallecen en condiciones de sufrimiento extremo, a menudo por deshidratación, inanición o exposición prolongada a los elementos».

«Frente a esta situación, urge un análisis exhaustivo sobre el mínimo despliegue de medios aéreos en zonas clave del Atlántico, especialmente en las rutas más alejadas de la costa y de mayor riesgo. El despliegue de esta vigilancia aérea podría jugar un papel crucial en la prevención de desapariciones, acortando los tiempos de respuesta ante emergencias y aumentando significativamente las probabilidades de rescate con vida», ha manifestado.

Las rutas hacia la Península

En la Ruta del Estrecho han muerto 52 migrantes, y tres en la Ruta de Alborán. Además, la Ruta Argelina se ha cobrado 328 víctimas.

La organización de ayuda a personas migrantes ha destacado que en, en el caso de la Ruta del Estrecho, los hallazgos de cuerpos en avanzado estado de descomposición y sin posibilidad de identificación se han convertido en una constante, lo que refleja de manera cruda el impacto letal y deshumanizante de las políticas de control fronterizo sobre la vida de las personas migrantes».

«Cada cadáver no identificado es también una ausencia no resuelta, una historia de vida interrumpida y una familia condenada a la incertidumbre», ha apuntado.

Las víctimas procedían de 22 países, la mayoría africanos, pero también había personas migrantes y refugiadas llegadas de Estados asiáticos lejanos, como Afganistán, Pakistan o Bangladesh.

Algunas víctimas procedían de Estados asiáticos lejanos, como Afganistán, Pakistan o Bangladesh

Factores que contribuyen a la mortalidad

En cuanto a los factores que contribuyeron al aumento de la mortalidad, más acentuada durante el invierno, Caminando Fronteras ha destacado la falta de activación de medios de búsqueda y rescate, «incluso cuando se disponía de información suficiente para intervenir».

«En numerosos casos, no se movilizan los recursos adecuados o los que se despliegan resultan claramente insuficientes», ha apuntado la organización, que ha censurado la «inacción, pese a contar con la localización exacta de los naufragios».

Según ha indicado, «se han documentado situaciones en las que, a pesar de disponer de datos sobre la alerta y de haber constatado un riesgo evidente, no se aplicaron los protocolos destinados a la protección de la vida».

Además, ha criticado las «decisiones arbitrarias sobre el momento y la forma de activar los recursos de salvamento, lo que introduce una elevada carga de subjetividad en la respuesta institucional y revela una falta de transparencia en la aplicación de los procedimientos establecidos».

También ha subrayado la «desigualdad territorial en la aplicación de los protocolos de protección». «Los criterios varían según la zona de la Frontera Occidental Euroafricana, generando una discriminación interna en el país respecto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes», ha añadido.

Y ha hecho hincapié en el «uso arbitrario y discriminatorio de los criterios de seguridad marítima. los servicios de rescate adoptan un enfoque restrictivo frente a embarcaciones de personas migrantes. Estos servicios asumen que, mientras no exista un hundimiento inminente, no hay una urgencia real de intervención, a pesar de que las embarcaciones carezcan de garantías mínimas de seguridad náutica».

Caminando Fronteras ha alertado del «uso arbitrario y discriminatorio de los criterios de seguridad marítima»

Asimismo, ha censurado la «sustitución de operaciones de búsqueda activa por métodos pasivos de baja eficacia, lo que reduce de forma significativa las posibilidades de rescate»; y la «participación limitada de recursos aéreos y marítimos, lo que merma la capacidad de respuesta ante emergencias en alta mar».

«La escasa activación de medios aéreos es especialmente preocupante. Durante el periodo analizado, se observó una falta de previsión y una deficiente planificación para su despliegue en zonas clave, donde su intervención podría haber reducido considerablemente las desapariciones», ha señalado, incidiendo en los «retrasos sustanciales en la activación de los operativos de rescate».

A su juicio, estos se deben a «trabas administrativas o decisiones diplomáticas y políticas derivadas de acuerdos de externalización de fronteras, donde prevalece el enfoque de control migratorio por encima de la defensa del derecho a la vida».

Ha censurado que en los acuerdos internacionales «prevalece el enfoque de control migratorio por encima de la defensa del derecho a la vida»

En este sentido, ha cargado contra la coordinación «deficiente» entre estados, y las prácticas «inadecuadas» durante los rescates, que comprometen la seguridad de las personas a bordo». También ha puesto el foco en el «uso de la violencia en los controles de salida, tanto por parte de redes criminales como de fuerzas de seguridad, lo que expone a las personas al peligro desde el inicio de su travesía».

Por último, ha hecho referencia a la «condiciones físicas adversas y extremas», en alusión a los fenómenos meteorológicos; y a la «grave precariedad en las embarcaciones utilizadas, que carecen de las mínimas condiciones de seguridad náutica requeridas».