Momo nadó solo desde la playa de La Bocana, en Marruecos, hasta la costa de Melilla. Lo hizo cuando el sol ya había caído y la noche se fundía con la oscuridad del mar. Cuando alcanzó suelo español, la policía lo registró como si tuviera 16 años, pero una evaluación psicológica posterior estimó que tenía solo 13 años pero, igualmente, “fue sometido al cuestionable procedimiento de determinación de la edad”, según uno de los casos recogidos en un reciente informe de Save The Children.

Su historia no es una excepción, sino un patrón que se repite en las fronteras de la Unión Europea, según ha denunciado por Save The Children en el estudio Cruzando fronteras, publicado este miércoles. El reciente trabajo de la organización analiza la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea, con enfoque en cinco países: España, Grecia, Italia, Polonia y Finlandia. A raíz de entrevistas con menores, profesionales, así como revisión de fuentes oficiales y académicas, el documento destapa fallos estructurales y vulneraciones sistemáticas de derechos, sobre todo hacia la infancia no acompañada. Según el informe, el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo puede agravar aún más la desprotección infantil.

La organización alerta de que muchos menores migrantes son erróneamente clasificados como adultos, lo que les excluye automáticamente de la protección que les corresponde. Las evaluaciones visuales en las fronteras europeas, basadas en la altura, rasgos faciales o vello corporal, se siguen utilizando como criterio principal para determinar la edad de los migrantes en lugar de métodos multidisciplinarios.

El informe sostiene que la forma en que se determina la edad entre niños y niñas migrantes varía significativamente entre países, pero en todos los casos existen fallos que comprometen su protección. Tanto en España como en Polonia se observa una dependencia excesiva de las evaluaciones físicas y, aunque en Grecia y en Italia disponen de marcos legales más estructurados, su aplicación es inconsistente.

“Si bien el panorama actual revela que, en algunos países, como España y Polonia, las evaluaciones de edad se utilizan de forma rutinaria y arbitraria, incluso cuando la minoría de edad del niño no ofrece dudas”, indica el informe. “Se trata de una práctica habitual, sobre todo, respecto de quienes carecen de documentación adecuada o cuyos documentos no son reconocidos por la policía, alegándose que no pueden demostrar su autenticidad. Los testimonios de los propios menores o de profesionales pertinentes —mediadores culturales, psicólogos, etc.— rara vez se consideran pruebas relevantes”, cuestionan.

Además, Save the Children demanda que la detención automática de menores sigue siendo una práctica extendida en varios países, a menudo en centros no adaptados a la infancia e incluso junto a adultos. La ausencia de personal especializado durante las primeras 72 horas tras su llegada impide detectar casos de vulnerabilidad, víctimas de trata o de violencia sexual.

Otra vulneración común es el rechazo sistemático de documentación oficial. En España y Polonia, por ejemplo, los pasaportes procedentes de ciertos países se descartan con frecuencia sin una evaluación justa. En Italia y Grecia se ponen en duda los documentos oficiales, y aunque Finlandia tiende a aceptar la documentación más fácilmente, cuando se integra la evaluación de edad dentro del procedimiento de asilo se dificultan las apelaciones en caso de error.

Aunque el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo no entrará en vigor hasta 2026, varios países ya han reformado sus leyes migratorias con una perspectiva que prioriza el blindaje fronterizo sobre los derechos humanos. Según el informe, en el nombre de la “emergencia”, se han normalizado prácticas como las devoluciones en caliente, la detención prolongada y la denegación sistemática de solicitudes de asilo.

Además, Save the Children demanda que el pacto europeo introduce el concepto de la “instrumentalización de la migración”, cuando se acusa a terceros países de usar a personas migrantes como herramienta de presión política, sirviendo así para justificar restricciones más severas. El informe advierte que entre la población menor, esta narrativa deshumaniza a los niños y niñas, reduciéndolos a una amenaza y no a sujetos de derechos.

En 2024, 61.323 personas llegaron a España por vía marítima, de las cuales el 76% lo hizo a través de la ruta atlántica hacia Canarias. Como apunta el informe, al menos un 10% eran niños y niñas, aunque la falta de identificación adecuada sugiere que la cifra es considerablemente más elevada. Actualmente, Canarias acoge a más de 5.000 menores no acompañados, pero la falta de traslados hacia la Península ha convertido los centros de emergencia en estructuras saturadas, permanentes y sin garantías mínimas.

Con el objetivo de materializar una solución eficaz y sostenible sobre la situación de la niñez migrante, el informe de Save the Children sugiere una serie de medidas inmediatas. Por ejemplo, una identificación temprana y fiables de menores migrantes, con personal especializado y protocolos adaptados a la infancia. La organización también propone una tutela efectiva y asistencia legal garantizada desde el primer momento y alternativas a la detención para niños y adolescentes, especialmente los no acompañados.

La organización insiste en que el futuro sistema migratorio europeo debe colocar el interés superior del menor en el centro y exige que se cumplan los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso de España, el informe insiste en la distribución territorial equitativa para evitar la sobrecarga de regiones como Canarias, y en la formación en trauma y género para el personal de fronteras, especialmente ante la violencia que sufren niñas migrantes.