La tragedia del cayuco que volcó en El Hierro hace apenas tres semanas, en la que murieron tres niñas y cuatro mujeres, retrata el coste humano de la migración en España y el profundo impacto en la infancia. Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, Save the Children presenta hoy su informe Cruzando fronteras en el que analiza la situación de los menores que llegan a las fronteras de la Unión Europea (UE) y en el que denuncia “fallos sistémicos” en la identificación, acogida y tutela de estos niños, niñas y adolescentes. Todo ello ocurre mientras los estados miembros endurecen sus controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, prevista para junio de 2026.

La investigación abarca varios países, entre ellos Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, además de España, que –como otras fronteras exteriores de la UE– presenta deficiencias estructurales y suspende en la protección de los menores migrantes. Cuestiones como la identificación, el procedimiento de determinación de la edad o la detección de vulnerabilidades siguen sin resolverse.

Save the Children considera este informe una oportunidad, ante la inminente aplicación del pacto europeo, para “blindar” algunas garantías hacia la infancia.

“La identificación de la minoría de edad debe realizarse en un plazo muy breve –apenas 72 horas– y, con frecuencia, en contextos de repuntes migratorios”, cuenta para La Vanguardia Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la organización y una de las autoras del informe. A esto se suma la ausencia de profesionales especializados en los puntos de llegada y, como consecuencia, “muchos menores son derivados a centros para adultos”.

El proceso de identificación de la edad se inicia en dependencias policiales, situadas en los puntos de desembarco. Allí, las personas que llegan por mar pueden permanecer detenidas hasta un máximo de 72 horas. El procedimiento de determinación de la edad también carece de “garantías mínimas”. “Observamos casos de niños cuya minoría de edad es evidente, pero que aun así son sometidos a pruebas radiológicas, a pesar de que diversos organismos internacionales han advertido que estas pruebas no son fiables”, señala Zuppiroli.

Otro aspecto que preocupa a Save the Children es el rechazo sistemático de documentos de identidad de determinados países, cuya validez se cuestiona. “No reconocerles como menores implica expulsarlos del sistema de protección. Esto puede llevar a que se encuentren en situación irregular y, al agotarse los plazos de acogida, corran el riesgo de quedar en situación de calle”.

La historia de Momo, un niño que consiguió llegar a nado desde la playa de La Bocana (Marruecos) hasta las proximidades de Melilla, pone de manifiesto estos errores. Las autoridades lo registraron como si tuviera 16 años, aunque una evaluación psicológica posterior estimó que tenía tan solo 13. Su relato es uno de los 33 testimonios que la organización ha recopilado para documentar casos reales.

Una historia que dejó especialmente sin palabras a Jennifer Zuppiroli es la de Luchadores –apodo que eligió una chica marroquí de 23 años–, quien se embarcó en una travesía marítima siendo menor de edad y vio cuerpos inertes flotando en el mar. “A menudo olvidamos que estas personas han pasado días en condiciones extremas, enfrentando miedo, trauma y pérdida, muchas veces sin siquiera saber nadar. Sin embargo, al llegar, se les somete rápidamente a trámites burocráticos sin considerar su estado emocional”, reflexiona.

Además, Save the Children propone la creación de una bolsa de tutores físicos, que no tengan a su cargo más de 50 menores, para acompañarlos desde su llegada. Estos tutores los representarían en esos procedimientos iniciales de identificación, toma de huellas, verificación de edad… “Antes de que los niños sean derivados al sistema de protección, ya se enfrentan a muchos procedimientos que son clave para su futuro”, señala Zuppiroli.

En este sentido, la aplicación del pacto europeo ofrece –según el informe– una oportunidad para reformar la manera en que España gestiona la llegada por vía marítima de estos niños. Por ello, considera importante contar con un protocolo para la identificación de perfiles vulnerables en la fase inicial, respaldado por actores especializados. Pero eso no es suficiente. “El enfoque de infancia sigue siendo cerca del cero”, afirma Zuppiroli, por lo que es urgente reforzar todos los procedimientos.