El

Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno regional

por el Real Decreto – ley que regula el

reparto de menores migrantes.

Para el ejecutivo autonómico el reparto que establece este decreto es

“unilateral e impuesto”

y “no sólo vulnera la Constitución, sino también el Estatuto de Autonomía, al invadir competencias autonómicas en materia de protección de menores”.

Asimismo, han añadido en un comunicado, que al tratarse de un asunto de infancia, el Estado no ostenta las competencias exclusivas. Por tanto piden que, "si quiere imponer una determinada

política debe pactarla con la Administración

que también tiene competencias al respecto, que son las comunidades autónomas".

El ejecutivo regional considera que el Gobierno central ha regulado una materia compartida como la atención a menores no acompañados, “sin respetar el marco competencial autonómico”. El informe jurídico de la Comunidad subraya que el

Real Decreto – ley "impone un modelo de reparto y atención de menores extranjeros no acompañados sin la participación efectiva de las comunidades autónomas,

lo que supone una ruptura del principio de lealtad institucional".

Además, han añadido que el texto estatal establece condiciones que “afectan directamente” al régimen competencial autonómico, lo que, según el Gobierno regional, “sobrepasa los límites constitucionales del uso del decreto – ley”. Por tanto, el recurso también señala que el Gobierno central

no justifica suficientemente el uso de esa figura normativa.

Asimismo, la Comunidad también critica que la norma estatal

“no garantiza la financiación necesaria para afrontar los costes que supone la atención a estos menores,

lo que afectaría a la autonomía financiera de la Región de Murcia". Igualmente, se subraya que el modelo anterior contemplaba fondos específicos y un sistema de compensación que ahora queda “diluido o condicionado”.

Por todo ello, el Ejecutivo regional considera que el Real Decreto – ley 2/2025 constituye

“una injerencia injustificada en competencias propias y que perjudica al equilibrio territorial del Estado”.