España bate récord en solicitudes de asilo este 2024, tras recibir un total de 167.366 peticiones, la cifra más alta desde que se tienen registros y un 2,5% superior a la del año anterior. Con este dato, el país se sitúa por primera vez como el segundo Estado miembro de la Unión Europea con más solicitudes de protección internacional, solo por detrás de Alemania, según revela el XXIII Informe Anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), publicado este lunes.

La organización advierte que, pese al elevado número de solicitudes, solo 17.808 han tenido una resolución favorable. Así, la tasa de protección internacional concedida en España fue de solo el 18,5% en 2024, sobre las 96.281 resueltas 242.056 están pendiente de resolución, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 46,6%. Esto coloca a España entre los países con peores cifras de reconocimiento del derecho de asilo en la UE. Estonia (95,7%), Polonia (81,8 ) y Países Bajos (75,5 %) lideran en porcentaje de concesiones mientras que Italia encabeza las denegaciones (64), seguida de Bélgica (51%) y España (46,5%).
Venezuela y Colombia registraron, como en el año anterior, el mayor número de solicitudes, mientras que Mali irrumpió como tercera nacionalidad de las personas solicitantes de asilo en España este 2024.
En la actualidad, hay unos 122,6 millones de desplazados por la fuerza en el mundo, lo que equivale a una de cada 67 personas en el planeta, según datos de ACNUR. Para muchas de ellas, el mar sigue siendo una de las pocas rutas posibles de huida, aunque también una trampa mortal. En 2024, al menos 3.419 personas murieron o desaparecieron en su intento por alcanzar Europa, según recoge el informe. La ruta atlántica hacia Canarias se confirmó como uno de los corredores migratorios más letales del planeta: 1.215 personas perdieron la vida en esta travesía, un 27% más que el año anterior, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El Mediterráneo Central, otro de los epicentros del drama migratorio, concentró la mitad de todas las muertes. La ruta occidental contabilizó 466 víctimas, mientras que en la oriental se registraron 175.

Pese a los riesgos, las llegadas por vía marítima a España aumentaron un 10% en 2024, registrándose 46.843 llegadas de personas migrantes a las costas canarias, con un incremento del 17% y el 76,4% del total de personas llegadas por mar. Uno de cada siete llegados por la ruta canaria era menor de edad y llegaban solos. A finales de 2024, había 5.700 niños y niñas acogidos en Canarias, lo que representa el 40% del total de menores migrantes no acompañados en España.

En las Illes Balears, el fenómeno migratorio creció de forma exponencial: un 300% más que el año anterior, alcanzando el 9,8% del total, señala CEAR. En este contexto, surgieron nuevas rutas migratorias, como la que conecta Somalia con Balears atravesando Argelia, “un recorrido que puede prolongarse hasta dos años”, apuntan. También se documentó una nueva vía desde Mali hasta El Hierro, pasando por Mauritania.
La organización también reclama la necesidad de dotar a Balears de un sistema de acogida adecuado. Pese al aumento de llegadas, no se han ampliado las plazas de acogida, lo que ha provocado la saturación del sistema humanitario.

Nueva Ley de Asilo
El informe denuncia que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, “deja en un segundo plano la puesta en marcha de vías legales y seguras y la protección”, y apuesta en su lugar, por una “mayor externalización de fronteras y por el refuerzo de las políticas de retorno”. Añaden que el Pacto tiene como objetivo “agilizar las expulsiones, poniendo en riesgo la evaluación individualizada de las solicitudes de asilo y el principio de no devolución”.
CEAR reclama al Gobierno “una nueva Ley de Asilo que garantice derechos y sea dique de contención ante las oleadas antimigratorias en Europa”. Insiste en que la futura ley española debe preservar derechos clave como la asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de solicitar asilo desde embajadas y consulados y vigilar que nuevos mecanismos, como el triaje fronterizo, no deriven en más detenciones ni en devoluciones vulnerando el derecho internacional.

También resalta que el recién aprobado Reglamento de Extranjería presenta luces y sombras, si bien flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, excluye del cómputo a quienes han recibido una denegación de asilo, obligándoles a permanecer dos años en la irregularidad. En este contexto, la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes podría ser una vía eficaz para cubrir los vacíos que deja la reforma.
Además, la organización denuncia que las personas solicitantes siguen enfrentando importantes obstáculos con la administración nacional para acceder al procedimiento de asilo, empezando por la imposibilidad de obtener cita para formalizar su solicitud, lo que las deja durante meses en un limbo jurídico sin documentación, ni acceso a servicios básicos como sanidad, educación o empleo.

“Nos encontramos en una encrucijada histórica. Confiamos en que el Gobierno español tome el camino adecuado y descarte cualquier vía alternativa que suponga vulnerar derechos y abrazar las políticas inhumanas que se promulgan en otros países”, señalan desde CEAR.