El mensaje del Gobierno español acerca de la inmigración experimentó ayer un llamativo cambio de tono. En su intervención ante la Conferencia de Embajadores reunida en Madrid, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega conminó a los representantes diplomáticos a dejar claro en sus países de destino que España «no va a tolerar» que sigan llegando indocumentados: «No vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados y estamos dispuestos a actuar con toda firmeza», avisó.

Tras un fin de semana en el que llegaron más de 1.600 subsaharianos a Canarias, la vicepresidenta se mostró tajante en su mensaje a los 123 embajadores: «Que quede bien claro: todo el que entre en España de manera irregular saldrá de España más tarde o más temprano. Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan». De la Vega se refirió a la inmigración como «una auténtica prueba de fuego de la capacidad de la UE para comportarse como una verdadera entidad política», ya que un «fracaso» en este ámbito puede conducir a una «seria regresión» en el ideal de un continente unido.

Para combatir el fenómeno de las migraciones ilegales, la vicepresidenta propuso políticas a largo plazo, centradas en el codesarrollo; a medio plazo, con acciones de cooperación que permitan a los países africanos controlar su demografía y sus fronteras; y a corto plazo, como el refuerzo de las fronteras, la «intensificación» de la lucha contra las mafias y la «profundización» de los acuerdos de devolución. Asimismo, recordó que la inmigración «hoy por hoy no es un problema» en España, pero hay que «trabajar intensamente» para no cometer los errores en que han incurrido otros países. También el titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, abogó en el mismo foro por «impermeabilizar» las fronteras y «agilizar» las repatriaciones.

Readmisión «operativa»

Este endurecimiento en el mensaje del Gobierno coincidió con un importante avance en las relaciones con Senegal. Las autoridades del país africano se comprometieron ayer a favorecer el cumplimiento de los acuerdos de readmisión firmados con España y a colaborar con la UE en la vigilancia de sus costas, punto de partida de la mayor parte de los cayucos que se dirigen a Canarias. El ministro del Interior, Ousmane Ngom, lo manifestó así al vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, que se puso en contacto con él a petición de Fernández de la Vega.

El compromiso de Ngom tiene repercusiones inmediatas. El Gobierno senegalés tenía previsto enviar anoche mismo a Canarias una «misión de oficiales de Policía» para identificar a los casi 4.000 ciudadanos del país que se encuentran en el archipiélago de forma ilegal, de manera que el acuerdo de readmisión «pueda ser operativo». Además, Dakar ha confirmado que participará en la operación aeronaval de la agencia europea Frontex para vigilar el litoral atlántico. Precisamente, una patrullera de la Guardia Civil llegó ayer a aguas senegalesas como parte de ese dispositivo, mientras que la otra sale hoy de Barcelona. La Comisión Europea admitió que el operativo debería reforzarse «lo antes posible», aunque eso «depende de los estados miembros», mientras que la Eurocámara demandó a la Comisión «acciones concretas».