El Gobierno ha aprovechado la apertura en Madrid de la IV Conferencia de Embajadores, destinada a repasar el papel de España en el mundo y a poner al día las prioridades de la acción exterior, para enviar un mensaje de firmeza a las mafias y a los países que se benefician de la inmigración ilegal: el problema más candente de la política exterior, y pronto de la doméstica. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que sustituye ya de modo habitual al presidente en los asuntos exteriores, ha advertido seriamente de que el Ejecutivo no tolerará que sigan llegando inmigrantes ilegales. De la Vega afirmó incluso que todos los que han entrado sin papeles saldrán de España, una pretensión desmentida, hasta ahora, por la realidad y condicionada por la limitada implicación de las instituciones europeas en la solución del problema. La ausencia de competencias plenas, financiación suficiente y voluntad política de Bruselas, a lo que habría que sumar la modesta influencia española en la UE, hacen que las posibilidades de europeizar un fenómeno que realmente tiene una dimensión trasnacional sean más bien escasas; ni siquiera la alianza con Francia está funcionando en este campo, ya que la orientación del Gobierno de Chirac es mucho más restrictiva y contrasta con la que hasta ahora ha adoptado el Ejecutivo de Zapatero. Es reseñable que el Gobierno comience ya a endurecer el tono de sus declaraciones ante el grave problema social, político, económico y humano de la inmigración ilegal. Pero si éste no viene acompañado de una verdadera reflexión sobre la ‘eficacia’ de las políticas y medidas aplicadas – regularización masiva y Plan África – , una vez más no servirá de nada. Y en la Conferencia que se inició ayer no se escuchó un mínimo de autocrítica.

Tampoco se ha visto en esta primera jornada mención alguna a la clamorosa falta de medios humanos y materiales para disponer de una política exterior propia de un país que aspira a estar entre los más avanzados del mundo. En el presupuesto anual apenas se dedica dinero a potenciar el trabajo del Ministerio y de las embajadas, y la carrera sigue hoy teniendo prácticamente el mismo número de diplomáticos que en 1977 y, lo que es peor aún, los intentos de reforma han ido hasta el momento en la dirección de rebajar el nivel de exigencia para ingresar y permitir la selección por criterios de afinidad de partido. Un panorama que en absoluto responde a los parámetros propios de la política exterior de un país desarrollado.