El Gobierno lanzó ayer un mensaje de máxima firmeza a los países origen de inmigración ilegal y a la propia Unión Europea. Desbordado por la llegada de cayucos a Canarias, el Ejecutivo habló por boca de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos: «No vamos a tolerar que sigan llegando», advirtió la primera, «debemos impermeabilizar nuestras fronteras», aseguró el segundo. Ambos esbozaron las líneas maestras – aunque todavía no concretas – de una nueva política de dureza para poner freno a la llegada de sin papeles.

Moratinos abrió la IV Conferencia de Embajadores con una reflexión pesimista y una receta breve: los factores que empujan a millones de personas a emigrar «se van a mantener». «Debemos impermeabilizar nuestras fronteras, intensificar la lucha contra las mafias y agilizar los mecanismos de repatriación».

Después, De la Vega lanzó las advertencias. La primera hacia la UE: «La Unión debe tomar el problema de la inmigración como propio (…). Un fracaso en este ámbito puede conducir a una seria regresión en el ideal de una Europa más unida».

La vicepresidenta reconoció que las gestiones realizadas desde hace un año en Bruselas han dado escasos resultados. «El principio de solidaridad tiene necesariamente que funcionar en el tema migratorio y se ha convertido ya», aseguró, «en una auténtica prueba de fuego de la capacidad de la UE para comportarse como una verdadera entidad política». De la Vega pidió a los embajadores que intensifiquen su «labor de sensibilización e información» ante los respectivos gobiernos. «Esta es», dijo, «una acción determinante».

La segunda advertencia apuntó a los países de origen: «Hay que hacerles saber que no vamos a tolerar que sigan llegando, que no vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados y que estamos dispuestos a actuar con toda firmeza. Todo el que entra en España de manera irregular, más tarde o más temprano, saldrá. Esto deben saberlo tanto los que llegan como los gobiernos de los países de los que llegan».

En pasillos, el comentario extendido hacía referencia a la necesidad de ver plasmadas en el BOE normas que concreten el mensaje firme del Gobierno. Los diplomáticos consultados creen que el problema de la inmigración debe empezar «atajándose en España», que la ayuda es necesaria pero «inabarcable» y que la única posibilidad de poner freno, para luego emprender la acogida controlada, es adoptar medidas desincentivadoras duras.

La ampliación del periodo de internamiento – ahora de 40 días – , al término del cual, si no se ha producido la repatriación, el inmigrante queda en libertad, a un plazo de seis meses, es considerada por los embajadores más próximos al problema como uno de los pasos más necesarios.