El Gobierno de Juanma Moreno ha dado hoy luz verde para que su servicio jurídico interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 2/2025 que estableció una fórmula para repartir a los menores extranjeros que se hacinan en los centros de Canarias, Ceuta y Melilla tras las llegadas masivas de los últimos meses.

Según ha explicado este miércoles la portavoz de la Junta, Carolina España, Andalucía quiere garantizar “una atención digna y de calidad” a los menores, tanto a los que van a llegar como consecuencia del reparto establecido por el Gobierno central, como a los que ya están acogidos en los centros autonómicos. El Gobierno andaluz considera que ese decreto carece de garantías que avalen la financiación estatal de la atención a los menores que llegarán a Andalucía a través de esta distribución extraordinaria y que el decreto aprobado para ello invade las competencias de Andalucía definidas en su Estatuto de Autonomía.

La norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.

El Gobierno andaluz cuestiona que la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” a la que apela el Gobierno justifique la aprobación de ese decreto, ya que, “si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000”.

La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, además de vulnerar los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al “imponer criterios de reparto no equitativos”.

El Gobierno andaluz cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la atención a estos menores, ya que, si bien se anuncia la creación de un fondo, éste no está aún regulado, lo que provoca una situación de “inseguridad jurídica”.

Según la fórmula diseñada por el Gobierno, a Andalucía le correspondería recibir en torno a 800 menores, mientras que Cataluña sólo recibiría 26. El Gobierno andaluz no se ha planteado en ningún caso dejar de cumplir con las obligaciones que le impone el decreto pero anuncia que sus servicios jurídicos estudiarán si se ha producido una invasión de competencias y un incumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La Junta insiste en que la política migratoria, en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser “consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad”.