El vigor con el que el PSOE está empujando ahora para que la regularización de migrantes salga adelante desconcierta a sus aliados parlamentarios, que vieron durante meses la iniciativa legislativa popular (ILP) amontonada en la pila de asuntos que al Gobierno no le parecían urgentes. De un tiempo a esta parte, sin embargo, todo parece haber cambiado. Hace unas semanas, el Gobierno empezó a negociar con sus aliados los requisitos que tendría que contemplar la regularización y lanzaba una primera propuesta, muy abierta, con una horquilla temporal que no convencía a nadie. Ahora, el PSOE ha ampliado esos límites temporales y ha detallado una propuesta firme de requisitos.

Hay que recordar que esta iniciativa parte de una ILP que logró alrededor de 700.000 firmas para regularizar a medio millón de personas migrantes para poder normalizar su situación.

Las formaciones a la izquierda del PSOE apuestan —como los promotores— por tejer una regularización lo más amplia posible (con muy pocos requisitos), pero para salir adelante la iniciativa precisa del apoyo de PNV y Junts, o bien de la abstención Partido Popular. Por eso, los socialistas deben buscar equilibrios.

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La nueva propuesta del PSOE, que adelantó El País y a la que ha podido acceder Público, no disgusta a Sumar, ERC o EH Bildu, aunque Podemos sí se desmarca. En cualquier caso, incorpora dos diferencias con respecto a la primera aproximación que hicieron los socialistas. La primera tiene que ver con la horquilla que eventualmente abarcaría la regularización. En la nueva propuesta, el PSOE propone que admita a las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de marzo de 2025, es decir, da más tiempo que con el anterior límite, que se proyectaba para el 31 de diciembre de 2024.

Por otra parte, los socialistas han esbozado ya cuáles serían los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de la regularización si entra en vigor. Precisamente esas condiciones son las que se sitúan en el centro de la negociación, tal y como explicó Público. Ahora, el PSOE ha descubierto ya sus cartas.

El PSOE sabe que para atraer al PP es necesario establecer algún tipo de vinculación entre la regularización y los contratos laborales. Así que, en el nuevo texto, los socialistas proponen una vinculación bastante flexible.

En concreto, dicen que las personas que soliciten la regularización deberán cumplir uno de los siguientes requisitos que el PSOE denomina “específicos”: haber trabajado, tener un precontrato de trabajo o un compromiso de contratación; permanecer en España con hijos escolarizados, realizando estudios académicos o con una discapacidad; haber sido solicitantes de protección internacional antes de marzo de 2025 o encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

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De este modo, queda algo diluida la condición de poseer un contrato de trabajo, pero se incluye como requisito. Es ese equilibrio necesario al que aspira el PSOE.

No obstante, todos los solicitantes tendrán que cumplir otras condiciones generales: haber permanecido en España de forma continuada al menos un año, no tener antecedentes penales, no representar “una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública”, no tener prohibida la entrada en España, no encontrarse en el plazo de compromiso de no retorno y abonar la tasa prevista para la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo.

El PSOE empieza a convencer (solo en parte)
Todas las fuentes de entre los aliados de izquierdas del Gobierno puntualizan algo: pondrán la decisión acerca de si aprobar o no la propuesta final del PSOE en manos de las entidades promotoras. En cualquier caso, tanto desde Sumar como desde ERC o EH Bildu, las sensaciones son mejores después de tener conocimiento de la actual propuesta del PSOE.

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En Sumar, eso sí, aseguran que presionarán para que el límite temporal para solicitar la regularización sea la publicación en el BOE del decreto con tal de que acoja a cuanta más gente mejor. Además, deslizan que establecer como fecha límite esa entrada en el BOE puede funcionar como una especie de estrategia de presión para que el Gobierno acelere los trámites.

En cualquier caso, no les parece descabellada esa fórmula que ha diseñado el PSOE de flexibilizar de la vinculación de la regularización al contrato laboral para convencer al PP. Una voz autorizada en el grupo parlamentario de Sumar desliza que ve más factible que sea una abstención del PP la que termine posibilitando el éxito de la iniciativa, que lograr un acuerdo con Junts per Catalunya en materia de extranjería.

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También Esquerra Republicana y EH Bildu creen que esa última lista de requisitos enumerada por el PSOE “va por el buen camino” —en unas palabras utilizadas por ambos partidos—, pero remarcan que trabajarán para ampliar y mejorar el texto. El BNG, por su parte, lo está estudiando y evita posicionarse.

La nota discordante es Podemos. Una fuente con capacidad de decisión y negociación en el partido explica a Público que ellos siguen considerando que la propuesta que lanza al PSOE comporta que el proceso para conseguir la regularización sea un laberinto burocrático. Los morados apuestan por incluir el menor número de requisitos posible y aligerar lo máximo los procedimientos en las oficinas de extranjería, donde la barrera del papeleo puede llegar a ser impenetrable.

Por lo tanto, los morados se ubican todavía en el “no” y rechazan la idea de que el Gobierno haya dado un paso en la buena dirección. De todos modos, subrayan que, en el caso de que las entidades promotoras les pidan dar su brazo a torcer, lo harán. De hecho, darles la última palabra es algo en lo que coinciden las distintas fuentes consultadas, a pesar de sus diferencias con respecto a la dirección que marca el PSOE, a quien, con todo, le interesa exhibir fuerza y entendimiento en este tema, al menos, con sus aliados a la izquierda para aumentar su poder de negociacion con las distintas derechas.