El Gobierno de Emiliano García-Page ha dado luz verde a recurrir el reparto de menores extranjeros no acompañados pactado entre el Ejecutivo central y Junts ante el Tribunal Constitucional, así como, en base a un informe sobre esta cuestión, a autorizar al Gabinete Jurídico al ejercicio de acciones para hacerlo.

Del análisis elaborado en un informe jurídico, ultimado el mes de abril, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha extraído “varios motivos” para presentar el recurso: “Uno de los principales es, según señala el órgano consultivo con mucha claridad, que hay un ‘flagrante quebranto del principio de coordinación’ que debe establecerse entre el Estado y las comunidades autónomas”, ha indicado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.

La falta de diálogo con las Comunidades Autónomas, la ausencia de financiación o el inexistente consenso tras las diferentes sectoriales de Infancia alargan la lista de razones que han llevado al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a un acuerdo que, según el partido independentista, permitirá que a Cataluña lleguen sólo entre 20 y 30 menores y a otras regiones como Madrid, 700.

El gobierno autonómico arguye que “siempre” ha estado de acuerdo con el pacto que cerraron PSOE, Sumar y Canarias en 2024, pero añade: “No aceptamos los cambios de último minuto que impuso Puigdemont”. Padilla ha subrayado que la “invasión del ámbito competencial autonómico” se realiza “extralimitándose en las funciones que la Administración Estatal y el Gobierno puede ejercer”. Es más, “el Consejo Consultivo advierte de una posible invasión de competencias exclusivas en materia de asistencia, protección y tutela de menores”.

Critican desde el ejecutivo regional que “para ofrecer condiciones dignas hace falta financiación” y que Castilla-La Mancha “no recibe ni un euro para atender a esos más de 500 niños”. Calculan que “sólo la parte de bienestar social” ascendería a “26,6 millones de euros”, a lo que habría que sumarle educación y sanidad. “Y no nos dan nada”, ha añadido Padilla.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha criticado que la normativa se haya “aprobado sin consenso en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que debe ser el órgano competente para aprobar este tipo de medidas de manera coordinada entre las comunidades autónomas”. “Hablamos de falta de cooperación y quebranto del principio de lealtad institucional”, ha sentenciado la portavoz, que también ha defendido que este recurso pretende garantizar “el interés superior de la infancia y adolescencia”, en línea con el título del decreto.

Según “el consultivo, no se tenía que haber hecho real decreto ley, sino ley orgánica”, argumentan. “Si recurrimos es porque no podemos sin financiación y asumirlo sería atenderlos mal o que nos digan de dónde quitamos el dinero. Algo que alimentará discurso de extrema derecha”, rematan.