R. J. MARINÉ PAMIES Tarragona
La inmigración ilegal en España se ha convertido ya en un problema de notable envergadura que exige medidas inmediatas. Sin embargo, nuestra clase política – tanto la actual como la que le precedió- actúa con lentitud y dirige sus esfuerzos a conseguir que nuestros socios comunitarios nos ayuden a resolver el problema. Pero Europa retrasa el envío de la ayuda que se le pide.

Evidentemente, un pequeño país como el nuestro no puede convertirse en refugio de todos aquellos que huyen de la miseria que, en gran parte, Europa ha contribuido a crear. Especialmente, cuando nuestros insolidarios socios nos dejan solos ante el peligro de que se masifique.

Nuestro país no puede permanecer de brazos cruzados, sino que debe poner en marcha medidas concretas. Éstas son algunas de ellas: 1) Ampliar la exigencia de visados y billetes de ida y vuelta a un mayor número de países. 2) Intensificar los controles en nuestras fronteras y dentro del propio país. 3) Ayudar de forma prioritaria a aquellos gobiernos de la costa africana que permitan a nuestros inspectores denunciar y/ o detener in situ a quienes se lucran con la venta de embarcaciones a las mafias traficantes.