La iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a medio millón de inmigrantes regresa este martes al Congreso. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se reunirá con varios grupos parlamentarios en la Cámara Baja para negociar la flexibilización de los criterios para dotar de autorización de residencia y trabajo durante un año.

El nuevo borrador que se pondrá sobre la mesa, y al que tuvieron ayer acceso El País y La Vanguardia, beneficia a las familias con niños escolarizados o hijos mayores de edad con alguna discapacidad, solicitantes de asilo y personas en situación de «especial vulnerabilidad», y también relaja los requisitos temporales: es necesario encontrarse viviendo en España antes del 31 de marzo del 2025, y no antes del 31 de diciembre del 2024, como rezaba el texto previo.

También se exige el haber permanecido de forma continuada al menos un año en territorio nacional en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales durante los últimos cinco años, no representar una amenaza para el orden público y no tener prohibida la entrada en el país.

Entre los criterios que todavía deben ser consensuados entre los grupos para lograr la mayoría parlamentaria destacan el haber trabajado en España o tener un precontrato de trabajo o compromiso de contratación, como solicitaba el PNV. El objetivo es que la iniciativa sea aprobada antes de que acabe el verano.