A Carol todo el mundo la quiere en su pueblo, Kennett, una localidad rural de unos 10.000 habitantes al sur de Missouri. Durante casi 20 años ha estado repartiendo café, tostadas y abrazos en el diner local. Por eso el revuelo fue mayúsculo cuando se supo que los agentes federales de Inmigración se la habían llevado en una de sus habituales redadas.

El pasado 4 de junio la dejaron en libertad tras más de un mes entre rejas, amparada por un programa que permite a ciudadanos de Hong Kong y otros países acogerse a un refugio temporal por miedo a regresar a una situación de peligro en sus lugares de origen. Pero Ming Li Hui, su verdadero nombre, aún tiene una situación migratoria complicada. “De ninguna manera estamos a salvo”, decía su abogado, Raymond Bolourtchi, al diario The New York Times. “Pero es un alivio”.

Hace 20 años llegó a Estados Unidos con un visado de turista que dejó caducar para buscarse una vida mejor. En esas dos décadas ha tenido tres hijos, ha echado raíces y se ha ganado el respeto de una comunidad donde el 80% votó por Donald Trump el pasado mes de noviembre. Muchos, sin embargo, no esperaban que la campaña de deportaciones masiva de Donald Trump se fuera a llevar por delante a gente como Carol, como todo el mundo la conoce en el pueblo.

La realidad está demostrando ser mucha más cruda. En los cuatro meses que han transcurrido desde el comienzo del segundo mandato del republicano, las historias de arrestos insólitos y sin las debidas garantías procesales se suceden casi a diario. Las últimas redadas del fin de semana en una de las ciudades santuario por antonomasia, Los Ángeles, no han hecho más que exacerbar el sentimiento de frustración y miedo entre las comunidades de inmigrantes, especialmente entre los hispanos.

Las nuevas consignas parecen claras: no detenerse ante nada en su deliberada cacería de inmigrantes, incluyendo redadas en cafeterías, restaurantes, fábricas, tiendas, iglesias o ceremonias de graduación. Martir García-Lara, un niño hondureño de 9 años, dejó de ir a su colegio en Torrance, al suroeste de Los Ángeles, y sus compañeros y profesores comenzaron a buscarle sin una idea clara de dónde podía estar.

Seis días más tarde, autoridades federales confirmaron que había sido arrestado junto a su padre y llevado al edificio federal del centro de Los Ángeles donde se llevan produciendo protestas y disturbios desde el viernes. Ahora están en Texas, detenidos y esperando a ser deportados a Honduras, sin derecho a un abogado ni a un juez que escuche su caso.

“Lo que está pasando no tiene precedentes”, aseguró el lunes la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, compartiendo el caso de una mujer guatemalteca que lleva tres días buscando a su marido, arrestado el viernes en una fábrica de ropa por agentes del ICE. Describió, además, el caso de una familia que se presentó a su cita con el Departamento de Inmigración para mantener su estatus legal en EEUU, y fueron detenidos los cuatro. “Esta es la clase cosas que están pasando en nuestra ciudad ahora”, haciendo énfasis en “el nivel de miedo que se ha instalado en esta comunidad”, con gente que no sabe si irán a por ellos “a su casa o al lugar de trabajo, si deben llevar a sus hijos en el colegio o no”.

Yurien Contreras lleva días buscando a su padre, Mario Moreno. Y Gabriel a su hermano Jacob, detenidos ambos en Ambiance Apparel, la fábrica de ropa del centro de Los Ángeles donde se desataron los primeros incidentes entre agentes del ICE y ciudadanos tratando de impedir el operativo el pasado viernes. “Fui testigo de cómo esposaron a mi padre, lo encadenaron de la cintura y de los tobillos”, dijo Contreras en una rueda de prensa el lunes. “Mi familia y yo no hemos tenido comunicación con mi padre. No sabemos nada. Nos están secuestrando”.

José Ortiz llevaba 18 años trabajando en en esa empresa. “Él siempre estuvo aquí. Era un trabajador leal”, dijo su hija Saraí Ortiz. “Es alguien que entregó su vida a esta comunidad y a su trabajo”.

Son parte de los 118 arrestados esta semana, de acuerdo a las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, muchos de ellos sin antecedentes penales, como admitió el propio zar de la frontera de Trump, Tom Homan, el mismo que amenazó con detener a cualquier que obstaculizase las redadas incluyendo al gobernador de California.

De ahí el mensaje apasionado y directo de Gavin Newsom. “Quita tus manos de encima de esta pobre gente que solo está tratando de vivir sus vidas, hombre, pagando sus impuestos, que han estado aquí diez años. El miedo, el terror. ¿Quién demonios es este tipo? Ven a por mí. Arréstame. Terminemos de una vez con esto, tipo duro. Me importa un carajo. Pero me importa la comunidad”.