La pugna entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el gobernador de Califonia Gavin Newsom tiene poco que ver con la inmigración y mucho con el equilibrio entre el poder de la Casa Blanca y el de los estados que forman la Unión. La causa de fondo que ha precipitado este choque es la cita electoral del año próximo.

El presidente sabe que puede perder el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de medio mandato y al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles demuestra que quiere al ejército para reforzar su poder político e impedirlo.

Es muy probable que muchos de sus adeptos, sobre todo trabajadores industriales, se vean perjudicados por los aranceles a las importaciones. El recorte de los subsidios también les afectará. En este caso, la base electoral de MAGA, el movimiento nacionalpopulista que se ha adueñado del partido republicano y lo ha llevado a la presidencia, perderá fuerza.

Si así fuera, Trump estaría de nuevo expuesto a un impeachment, un juicio político que lastraría la segunda parte de su mandato.

El presidente anticipa este escenario y provoca una crisis en Los Ángeles para justificar un “estado de emergencia nacional” que refuerce su popularidad en la cuestión migratoria y dificulte el voto de los demócratas en los comicios de noviembre del 2026.

Oponerse a la inmigración le da votos y a esta audiencia electoral le monta un espectáculo televisivo con planos cortos de los incidentes que se iniciaron el viernes y continuaron el sábado en dos zonas muy concretas de Los Ángeles, donde los agentes federales habían detenido a unos doscientos inmigrantes indocumentados, personas que el entorno de Trump califica de “pandilleros”, “asesinos” y “lo peor de lo peor”.

Las protestas, en las que no participaron más de un millar de personas, derivaron en el incendio de varios vehículos y en diversos altercados con la policía local, que desplegó todo su arsenal antidisturbios para recuperar el control: helicópteros, vehículos blindados, drones, gases y balas de goma. Los agentes detuvieron a decenas de personas.

Siguiendo la crisis por televisión, Trump y su equipo extendieron por las redes sociales la mentira de que aquello era una rebelión y que los inmigrantes y sus partidarios eran unos insurrectos dispuestos a tomar el control del país. Que hubieran ondeado banderas de México y El Salvador era una prueba de sus planes.

En consecuencia, los asesores legales de la Casa Blanca invocaron dos leyes para justificar las detenciones de los indocumentados y ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

La primera es una de 1789 pensada para defender a Estados Unidos de una invasión francesa y la segunda es una de 1807 que autoriza el despliegue del ejército para aplastar una rebelión interior.

La Guardia Nacional es un cuerpo de reservista ubicado en cada estado y que solo se despliega cuando el gobernador lo solicita al gobierno federal.

California cuenta con 75.000 agentes del orden. LAPD, la policía de Los Ángeles, tiene 9.000. El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass creen que son más que suficientes para contener las protestas que causan las redadas de los inmigrantes, personas con muy pocos recursos a las que se detiene en sus puestos de trabajo o en los lugares a los que acuden para que alguien las contrate para un trabajo eventual.

Trump, aún así, en base a dos leyes redactadas hace más de 200 años, ordena al Pentágono el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional en California durante 60 días. Newsom y Bass creen que esta movilización alentará aún más protestas. Trump habla de aplastar una rebelión y una invasión. Anhela un incendio social.

Los Ángeles, la meca del cine que el año próximo acogerá el Mundial de fútbol y en el 2028 los Juegos Olímpicos, es una ciudad de inmigrantes. Un tercio de los habitantes del condado de Los Ángeles han nacido fuera de Estados Unidos. La mitad de las familias no hablan inglés en casa. La defensa de los derechos civiles de los inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, está muy arraigada.

Los Ángeles también es una ciudad santuario, como todo el estado de California. Esto significa que la policía puede reprimir manifestaciones que alteren el orden público, pero no puede ayudar a los agentes federales a detener a los inmigrantes.

Los activistas han entrado ahora en acción y el estado federal les ha parado los pies. Mientras los abogados de los inmigrantes detenidos hablan de secuestros y deportaciones ilegales, el departamento de Justicia les impide entrevistarse con ellos.

Newsom y Trump mantienen un duro pulso. El gobernador ha creado un fondo público para defender a California (incluidos a los inmigrantes) de las demandas que le llueven desde la administración. El presidente lo llama Newscum, un juego de palabras que significa nuevo sucio.

Trump visitó Los Ángeles el pasado mes de enero, cuatro días después de jurar el cargo. Los incendios arrasaban más de 16.400 hectáreas en el área metropolitana. Newsom pidió ayuda federal, concretamente, 39.700 millones de dólares. Trump puso varias condiciones: que se destinara más agua a la industria y la agricultura y menos al equilibrio medioambiental, que se anulara la legislación que impide construir cerca de la costa y que se endurecieran los requisitos para votar porque considera que el estado, que es sólidamente demócrata, permite el voto de los simpapeles. De paso, como medida de presión, retiró 4.000 millones de dólares de fondos federales para el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco.

Ahora Newsom ha demandado a Trump por exceder su autoridad. La demanda menciona la décima enmienda, que establece la frontera entre el poder del presidente y el de los estados, una barrera formidable frente al autoritarismo centralizador del presidente.

Poco después de pactar la Constitución de 1787, los estados aprobaron diez enmiendas. Juntas forman lo que se conoce como la Bill of Rights, la Ley de Derechos. La décima es muy simple. Dice que todo el poder que en la Constitución no se haya delegado expresamente al estado federal pertenece a los estados federados. Esta enmienda fortalece la autonomía de los estados frente a la autoridad del poder central.

Newsom considera que Trump no puede desplegar la Guardia Nacional si él no se lo pide. Hasta ahora siempre ha sido así. En 1992, por ejemplo, el gobernador de California pidió la intervención de los reservistas para acabar con las protestas muy violentas que siguieron en Los Ángeles a la exoneración de los agentes que golpearon al taxista Rodney King, agresión que unos testigos gravaron en video y que consternó al país tanto como el asesinato de George Floyd hace cinco años en Mineápolis.

Durante los disturbios por la muerte de Floyd, Trump, entonces al final de su primer mandato, sugirió al jefe del Estado Mayor que desplegara al ejército y que dispara contra los manifestantes. La sugerencia no fue atendida porque entonces Trump no tenía en los puestos clave del Pentágono a gente tan adepta como hoy es el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ya ha movilizado a una unidad de los marines en Los Ángeles por si la Guardia Nacional no es suficiente.

La demanda de Newsom al invocar la décima enmienda va a la raíz de la amenaza que Trump representa para la democracia estadounidense.

La mejor manera que el presidente tiene de evitar una derrota republicana en las elecciones del año próximo es provocar una “emergencia nacional” en los estados de mayoría demócrata.

Lo que ha hecho ahora en California al desplegar la Guardia Nacional es apartar al gobernador para asumir él mismo el control de la seguridad. Es un ensayo de lo que supone tener al ejército a su servicio con fines políticos.

Esto es, precisamente, lo que intentó al perder las elecciones del 2020. Quiso movilizar a la Guardia Nacional, pero los generales volvieron a negarse a sus deseos. Fue entonces cuando optó por la vía judicial. Cuando sus demandas por fraude electoral no prosperaron, arengó a la turba que asaltó el Capitolio el 6 de enero del 2021.

Trump quiere al ejército a su lado y ha diseñado una cúpula política en el departamento de Defensa que lo garantiza. Hoy es con la amenaza inventada de la inmigración rebelde e invasora. En el 2026 será con la amenaza de un fraude electoral en los estados demócratas.

Trump podrá decretar una “emergencia nacional” para salvar la democracia y controlar el voto allí donde necesite hacerlo para asegurar la mayoría nacionalpopulista en el Congreso. En los estados bajo “emergencia nacional” no se votará. Los escaños que teóricamente habrían ganado los demócratas no se cubrirán hasta que Trump decida que se han restablecido las condiciones para unas elecciones justas, es decir, amañadas a su favor.

La demanda de Newsom invocando la décima enmienda es crucial para el futuro de la democracia en Estados Unidos. Esta es la verdadera lucha que Trump camufla detrás del conflicto migratorio en Los Ángeles.