La muerte de siete personas —cuatro mujeres adultas, dos niñas y una adolescente— tras el vuelco de un cayuco en la isla de El Hierro, cuando ya en el puerto se estaba produciendo el transbordo de migrantes a una embarcación de Salvamento Marítimo, causó un gran impacto y dolor de los que no es fácil reponerse.

Desde ese día, el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los voluntarios y todas las personas allí presentes no pueden sacar de sus cabezas esa imagen de tragedia y desesperación de quienes dejan su tierra en busca de una vida mejor y la pierden a las puertas de un futuro nuevo.

Acostumbrados a la llegada de embarcaciones con migrantes —que en ocasiones ha triplicado la población de El Hierro, la isla menos poblada del archipiélago, con algo más de 11.000 habitantes—, la sociedad herreña y el pueblo canario siguen siendo un ejemplo de solidaridad y entrega hacia esas personas que vienen desde el África Occidental utilizando la ruta canaria, la más mortífera de todas.

Desafortunadamente, más de un año y medio después del inicio de esta crisis humanitaria en las islas, Canarias continúa haciendo frente a este fenómeno en solitario, sentimiento que pudimos trasladar al resto de comunidades autónomas en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

En España, la aprobación del decreto ley de modificación de la Ley de Extranjería hace un mes y medio situó el interés general del menor por encima de cualquier disputa partidista, pero la realidad es que, pasado este tiempo, su aplicación sigue en el aire.

Es una pena comprobar cómo, desde el principio, la solidaridad para la distribución de los menores no acompañados entre los distintos territorios ha fallado, y, aun con el cambio legislativo, muchas de ellas siguen defendiendo su postura y han anunciado que recurrirán la decisión ante el Tribunal Constitucional.

Están en su derecho de recurrir, pero la ley tiene que cumplirse, como también tiene que cumplirse el auto del Tribunal Supremo que ordena al Estado a asumir sus competencias en materia de asilo internacional para los más de mil menores que ostentan esa condición en Canarias.

Asimismo, deben darse la voluntad y el consenso necesarios para establecer un sistema nacional de atención a los menores extranjeros no acompañados, en el que se garantice el interés superior de los niños y niñas, porque el tiempo sigue pasando y los menores siguen llegando y necesitan, necesitamos, respuestas.

Respuestas de las comunidades autónomas, para hacer efectiva la distribución establecida por la modificación de la Ley de Extranjería.

Respuestas del Estado, para poder aliviar la insoportable presión que sufre nuestro sistema de acogida de menores migrantes desde hace casi dos años. En la actualidad, el archipiélago atiende a más de 5.600 niñas y niñas en más 83 dispositivos totalmente saturados.

Respuestas de la Unión Europea, de la que requerimos más seguridad y vigilancia para luchar contra las mafias y evitar que las embarcaciones se lancen al mar, así como incrementar la cooperación con el continente vecino ante este problema estructural.

Respuestas y humanidad que Canarias siempre ha demostrado cuando cualquier otra comunidad autónoma ha requerido de ayuda extraordinaria.

No queremos estar solos ante esta realidad, que debe ser asumida como país. Nosotros ponemos todo de nuestra parte.