El Gobierno de Estados Unidos ha traído de vuelta este viernes a Kilmar Abrego García, el hombre de origen salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado irregularmente por la administración, que ignoró una orden de un juez que lo prohibía y otra que les obligaba a hacer todo lo que fuera posible para que el hombre saliera de prisión. Pero lo hace para juzgarlo, tras acusarlo de ser un “traficante de persona”, y avisando de que en cuanto sea condenado, porque dan por hecho que así será, volverá a la megacárcel de Nayib Bukele.

“García, inmigrante ilegal de la MS-13, fue deportado correctamente a su país natal, El Salvador, y posteriormente ha sido acusado tras nuevas pruebas de crímenes especialmente atroces. Ahora está siendo procesado. Tras una larga condena de prisión, regresará a su hogar en El Salvador”, ha festejado Stephen Miller, el principal asesor de la Casa Blanca para estas cuestiones. “Bienvenido”, se ha burlado el fiscal adjunto encargado del caso, publicando en las redes sociales el pliego de cargos.

El caso de García se ha convertido en un símbolo para todas las partes implicadas. Lo es para las organizaciones que luchan contra la discriminación y las políticas migratorias de Donald Trump, decidido a cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo la deportación más grande de la historia del país, incluso si para eso es necesario saltarse las leyes, prescindir de la vista previa obligatoria en cada caso, suspender el habeas corpus o desafiar las órdenes de los tribunales. Para el Gobierno de Nayib Bukele, que ha ofrecido sus servicios a Washington para encarcelar a sus presos y deportados a cambio de dinero. Para el Partido Demócrata, que envío al senador de Maryland Chris Van Hollen a verse con él en San Salvador y lo ha convertido en una causa. Y desde luego para el Ejecutivo, que no está dispuesto a rectificar.

La fiscal general del país, Pam Bondi, ha dado una rueda de prensa improvisada este viernes explicando que García está de camino, pero no para ser liberado, tras haber sido deportado después de que la Policía lo detuviera y expulsara por tener tatuajes, acusándolo de formar parte de una banda, pero sin que hayan trascendido, al menos hasta ahora, pruebas de ello. El hombre será juzgado por “tráfico de personas”, después de que un Gran Jurado haya estimado que hay indicios suficientes para que sea procesado. Bondi ha dicho que en cuanto sea condenado, algo de lo que no tiene dudas, será expulsado de nuevo y cumplirá su condena en la misma prisión de su país de origen.

“Después de meses de ignorar nuestra Constitución, parece que la Administración Trump ha cedido a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y el debido proceso para Kilmar Abrego García. Nunca se ha tratado del hombre: se trata de sus derechos constitucionales y de los derechos de todos”, ha señalado el senador Van Hollen.

La polémica no termina. Todo arrancó cuando EEUU incumplió la orden de un juez federal. Tras ser arrestado, la familia de García contrató un abogado y varias asociaciones se personaron, diciendo que no sólo no formaba parte de una banda, una mara, sino que corría peligro si era deportado de vuelta a El Salvador. El juez ordenó que no fuera expulsado y cuando se supo que aun así estaba en camino a América Central, ordenó de emergencia que el avión diera media vuelta. La administración, simplemente, ignoró las instrucciones y dijo que había sido demasiado tarde, que cuando llegó la orden ya estaba fuera del espacio aéreo nacional y después, que un juez no es nadie para dictar la política exterior del país.

El caso fue a más cuando Bukele visitó Washington. Preguntados él y Trump en el Despacho Oval sobre por qué no devolvían a suelo americano al hombre, ambos coordinaron una estrategia. Estados Unidos argumentó que no podía obligar a un país independiente a hacer algo contra su voluntad, una ironía estratosférica, y Bukele dijo que él no liberaba a terroristas. La respuesta de la administración fue una y otra vez que era imposible sacarlo de allí. Hasta que lo ha sido.

“La acusación formal del Gran Jurado del Departamento de Justicia contra Abrego García demuestra que el desquiciado Partido Demócrata estaba equivocado, y que sus taquígrafos en los medios de comunicación fake fueron engañados una vez más. Abrego García nunca fue un inocente ‘hombre de Maryland’; es un inmigrante ilegal, terrorista, pandillero y traficante de personas que ha pasado toda su vida abusando de personas inocentes, especialmente mujeres y los más vulnerables. Abrego García regresará ahora a Estados Unidos para responder por sus crímenes y enfrentar todo el peso de la justicia estadounidense. Los legisladores demócratas, en particular el senador demócrata Chris Van Hollen, y todos los supuestos “periodistas” que defendieron a este abusador ilegal deben disculparse de inmediato con las víctimas de García", ha dicho este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.